Presentan proyecto para recuperar bienes originados en ilícitos

Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que el objetivo de su ministerio es priorizar la lucha contra los delitos complejos y para ello se enviaron al Congreso Nacional los proyectos tendientes a "dotar al Poder Judicial de las herramienta para combatir el crimen organizado".

Bullrich expuso ante un plenario de comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior, que conducen los radicales Graciela Burgos y Luis Petri, respectivamente, sobre los proyectos contra el crimen organizado y el lavado de dinero, donde se amplían para la figura del arrepentido y del agente encubierto y de flagrancia.

La ministra de Seguridad además anunció que la próxima semana el gobierno enviará dos proyectos, uno para la extinción de los dominios a fin de recuperar los bienes provenientes del lavado de dinero, el narcotráfico y la trata de personas, y otro para terminar con la violencia que generan las barras bravas en el fútbol.

Bullrich explicó el proyecto, criticado por algunos diputados de la oposición, que reformula la figura del arrepentido y la creación del agente encubierto y agente revelador, necesario para "dotar al Poder Judicial de las herramientas para combatir el delito del crimen organizado".

En ese contexto, Bullrich explicó la función que tendrá cada uno de estos institutos jurídicos y dijo que se han incorporado dado que "el objetivo es llegar al último eslabón de la cadena".

De acuerdo al texto, el arrepentido es aquella persona que colabora con la justicia brindando información acerca de los delitos de los que ha participado o no a cambio de beneficios procesales.

Al respecto, Bullrich aclaró que si bien esta figura ya estaba en algunos delitos complejos, en este proyecto establece que "aún después de la sentencia condenatoria puede aportar datos verosímiles y reales, indicar las cuentas de financiamiento y puede entrar en el sistema de protección de testigos".

Agregó que "los datos que se aportan pueden estar vinculados a la causa donde está involucrado u otras" y aclaró que en el caso del jefe de una banda que "denuncie al resto de la organización podrá tener reducción pero no eliminación de la pena".
En tanto, el agente encubierto es aquel miembro de una fuerza de seguridad o policial que es designado para involucrarse en organizaciones criminales, ocultando su identidad y adoptando una nueva.

Sobre este punto, Bullrich dijo que "los diputados deben analizar si se pueden autorizar la inclusión de civiles".

Por su parte, el agente revelador es aquel integrante de las fuerzas de seguridad que se muestra interesado en participar del delito para identificar a personas implicados y aportar datos que sirvan para desbaratar esa banda.

La incorporación de este instituto fue objetado por los diputados del FPV Diana Conti y del cordobés Juan Brugge dado que el agente revelador no tendrá penas por mostrar interés en participar en este delito.

Sobre este punto, Bullrich defendió la propuesta del gobierno porque señaló que el agente revelador "no comete delitos sino busca la forma de mostrar interés para aportar pruebas y desbaratarlo".

La mayoría de los diputados no cuestionaron la totalidad de los proyectos, con excepción de la izquierda que a través de Myriam Bregman, quien consideró que "es darle poder a los buchones".

Bullrich también señaló que se analiza proponer que la Comisión Bicameral de Seguridad Interior pueda tener acceso al registro de informantes, pero a condición de que mantenga los expedientes en secreto.

Durante su informe, Bullrich defendió el proyecto de flagrancia que tiene por finalidad que los detenidos, que sean sorprendidos al momento de cometer un delito de acción pública, pueden tener un juicio abreviado y sean condenado con un corto proceso.

Bullrich dijo que con este delito "la prueba es corta, y el juez tiene un plazo corto para emitir sentencia" y la victima logra "tener una resolución rápida del delito porque el imputado tendrá una rápida condena" para todo acto delictivo que no tenga una pena mayor a 15 años.