Senado bonaerense rechaza cuatro pedidos de desafuero

La Cámara de Senadores bonaerense rechazó el pedido de desafuero solicitado por la justicia de La Plata para cuatro senadores implicados en la causa que investiga una presunta estafa millonaria cometida con subsidios otorgados a fundaciones y asociaciones inexistentes.

La Cámara alta provincial rechazó el pedido de desafuero promovido por el juez de Garantías Guillermo Atencio contra el senador del ARI Juan Plana y los radicales Enrique Marín Vega, Juan Carlos Stávale y Gustavo Marelli por los presuntos delitos de "fraude en perjuicio de la administración pública".

Al fundamentar el rechazo, el Senado expresó que "no existe una adecuada correspondencia entre la medida requerida por el juez interviniente y la correcta configuración de la materialidad del hecho presuntamente ilícito".

"El otorgamiento de subsidios por parte de senadores a entidades de bien público sin fines de lucro, constituye una actividad administrativa y de carácter discrecional del cuerpo, limitada y condicionada al cumplimiento de la reglamentación dictada por la Presidencia del cuerpo en orden al procedimiento que debe seguirse para el otorgamiento de los mismos", precisó.

Para la Cámara alta bonaerense, "del análisis de las actuaciones judiciales se desprende que los senadores cuyo desafuero se peticiona han cumplimentado reglamentariamente todos y cada uno de los procedimientos para avalar el otorgamiento de subsidios".

Fuentes legislativas precisaron además que los legisladores Marelli, Vega, Plana y Stávale entregaron un comunicado en el que dieron cuenta de que habían decidido presentarse ante el juzgado interviniente.

La investigación que involucra a los cuatro senadores comenzó en el 2001 tras la denuncia que radicó ante la Fiscalía de Investigaciones Complejas de La Plata un beneficiario de un subsidio no recibido que le debía entregar el ex senador provincial Héctor Monasterio.

El ex senador Héctor Monasterio, oriundo de Lincoln, ocupó una banca desde 1997 al 2001, y está sospechado de haberse apropiado de un subsidio por un monto cercano a los 2 mil pesos, que debía entregar a un particular.

"Detectamos que había subsidios entregados a fundaciones y asociaciones civiles inexistentes, conformadas en forma irregular o integradas por personal que tenía a su cargo el legislador que otorgó el beneficio", explicaron fuentes cercanas a la investigación.

Fuentes legislativas precisaron que hasta mediados de 2000, los senadores bonaerenses contaban con alrededor de 60 mil pesos anuales para entregar en subsidios a entidades de bien público o a particulares por razones de enfermedad o carecientes.

Esos fondos, con los que también contaban los diputados, fueron derogados en setiembre del 2000, cuando la Legislatura resolvió cortar los fondos extra presupuestarios, de alrededor de 40 millones de pesos anuales, que le otorgaba el Poder Ejecutivo y que eran principalmente destinados a subsidios.

La fiscalía resolvió ampliar la investigación a todos los subsidios otorgados a entidades o asociaciones civiles sin fines de lucro de cuya existencia se dudaba y pidieron a Atencio el desafuero de los cuatro senadores por el presunto delito de "fraude en perjuicio de la
administración pública, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad documental".