Ya no puede haber internas legales, menos democráticas

El gobierno quedó entrampado en su maniobra. La Justicia así no puede hacer nada. El Congreso puede salvar la forma pero no el fondo de padrones partidarios entre falseados y desactualizados. La elección general directa, sin internas, tiene el riesgo de no aportar solución a la crisis económica si hace parir un Poder Ejecutivo cuestionable. Aprovecharía este estrangulamiento institucional el duhaldismo para intentar seguir porque no admite que no lo valoricen en el exterior y nunca le vayan a dar una solución en millones de dólares como a Brasil y Uruguay. Pero así sucederá: la Argentina hoy sólo convoca postergaciones de vencimientos porque al gobierno no le creen.

La razón de la imposibilidad es simple: si el gobierno o la Justicia decretaran la nulidad de esos decretos, quedaría vigente la Ley Electoral 25.611 que sancionó el Congreso Nacional el 19 de junio último. Esta ley, a su vez, en ninguno de sus artículos vigentes dice que está prohibido a un afiliado a un partido político votar en la interna de otro. Y no lo dice porque, aquí la insólita paradoja, el presidente Duhalde vetó expresamente el 5 de julio el 4° párrafo del artículo 29 bis que imponía la prohibición.

El veto presidencial no puede ser cuestionado porque es constitucional para cualquier titular del Poder Ejecutivo. Inclusive la jurisprudencia admitió siempre aquí el «veto parcial», o sea del presidente, a uno o algunos artículos -y hasta vetar sólo frases o párrafos, como sucedió con el 29 bis-de una ley manteniendo el resto y promulgándola mutilada. En Estados Unidos no es así. El presidente o veta toda la ley o la promulga como la sancionó el Parlamento.

Del otro lado, recurrir a la Justicia es perder el tiempo porque ningún juez ni cámara superior ni aun la Corte Suprema pueden restituir un derecho conculcado cuando la ley vigente no lo brinda.

Cuando se vetó el párrafo 4° del artículo 29 bis, que prohibía extrapolar afiliados de un partido a la interna del otro, en el espíritu que le dio el Congreso a la sanción, se hizo dentro de un plan -llámeselo maquiavélico o como sea- de que luego vendrían los decretos permitiéndolo, como sucedió el viernes 3 de julio y estalló la discusión.

Pero dar marcha atrás, por la fuerte reacción de los políticos y fundamentalmente de la sociedad que vio clara la maniobra electoral que se prepara, le es imposible al gobierno, víctima de sus propias malas intenciones desde el primer momento. Entonces ¿qué pasará?

Se torna cada vez más evidente que las elecciones de internas para elegir candidatos son ya prácticamente imposibles. El Congreso podría dar una solución y con dos tercios de los votos presentes -hecho que es perfectamente constitucional- superar el veto de Eduardo Duhalde y restituir la prohibición de afiliados de un partido de intervenir en otro, como era su pensamiento mayoritario original de los legisladores. Aun cuando el duhaldismo se ha dado cuenta, por tanta reacción adversa, que se equivocó no es fácil suponer que va a prestar sus más de 60 diputados bonaerenses propios para ese fin. Tampoco es fácil que lo hagan las huestes parlamentarias de los radicales sumados desde hace tiempo al justicialismo bonaerense cohabitando bajo la idea «populista» con Duhalde pero, fundamentalmente, guiándose por sus intereses particulares, basados en que nadie les toque la legión de punteros y beneficiados que tienen en institutos públicos como ANSeS, PAMI, administraciones y otros organismos públicos. Un Leopoldo Moreau defiende mucho mejor sus intereses y de sus huestes apoyando que se mantenga el poder del duhaldismo vía José de la Sota -aunque sea en la provincia de Buenos Aires- que mandando esa tropa a una interna radical para una candidatura sin chance electoral en marzo.

El mismo cordobés De la Sota ha adoptado una actitud sibilina. El viernes parecía que se ruborizaba por ser casi el único -en realidad es el único- beneficiario de los cuestionados decretos del 3 de julio y dijo que «debían ser modificados». Pero en su propuesta también hay algo escondido. Su plan es -aunque repitamos que no hay ley que lo sustente por el veto ni Justicia que pueda restituir lo que no existe- «que no puedan votar en la interna de otro partido los que no efectúen interna por lista única». Consecuencia de sus palabras es que sí podrían participar «afuera» los que tengan interna. El único partido, aparte del PJ, que se proyecta a realizar una es el radicalismo y aquí sí podrían ir a la suya o a la del PJ. Con esto De la Sota descarta para su candidatura en el PJ el voto de la izquierda, que se inclina hacia la lista única, pero a su vez sabe bien lo que se señaló, que los activistas de los radicales Moreau y Storani recibirían indicación de acudir a la elección del justicialismo y no a la propia por el escaso interés y guiar así la tropa.

Todo hoy en la política es un juego intrincado de intereses personales. Casi todos los juegos, desde el duhaldismo hasta el radicalismo más populista (Raúl Alfonsín no está en esto) y la izquierda se mueven en una sola dirección: usar todo contra el riojano Carlos Menem del cual cada día más temen una imprevista avalancha arrasadora de votos como sucedió en 1988, más allá de que le organicen «escraches» de 20 o 30 personas para ganar prensa contra él en medios, le creen cuentas bancarias y hasta le esgriman que el Fondo Monetario se opone a su idea de dolarizar. Duhaldistas y radicales populistas lo hacen preservando lo particular. La izquierda, con muchos menos intereses en juego, es más pura y lo hace simplemente por ideología.