En 7 días votan reparto de ley del cheque

«QUE NOS DIGAN CÓMO TAPAR EL AGUJERO FISCAL», PROTESTÓ FLORENCIO RANDAZZO. AUGURAN SEGURO VETO PRESIDENCIAL

Los senadores María Eugenia Estenssoro (CC Capital), Rubén Giustiniani (PS Santa Fe), Gerardo Morales (UCR Jujuy) y Norma Morandini (FP Córdoba) presentan proyecto para coparticipar el 50% del impuesto al cheque.

«Que nos digan cómo se va a tapar el agujero fiscal que generaría ese proyecto». Florencio Randazzo se lamentaba ayer por la tarde al ser consultado por el proyecto que más asusta al Gobierno, después de las amenazas y prohibiciones relativas al uso de las reservas para el pago de deuda. El avance de la modificación del impuesto al cheque, para aumentar su porcentaje de coparticipación con las provincias, tendría el próximo miércoles los 37 votos necesarios en el Senado; y pasaría así a Diputados con la seguridad de una aprobación quizá a fines de marzo o principios de abril. Si esto sucediera, habría una consecuencia inevitable para el oficialismo: podría convertirse en la primera ley vetada por Cristina de Kirchner dentro de la nueva realidad legislativa.

Ante el panorama, los diputados y senadores de la oposición que ayer presentaron la avanzada contra el impuesto, descartando el veto presidencial, hicieron un anuncio extra: en los planes del radicalismo, el justicialismo rebelde y la Coalición Cívica figura el llamado a una consulta popular para definir en las urnas la futura coparticipación de ese tributo. En algunas mentes opositoras figura un proyecto aun superador: que en esa eventual consulta se incluya, además, la posibilidad de que se incrementela coparticipación de las retenciones a la soja. Ayer quedó definido en el Congreso que el próximo miércoles el Senado trate en el recinto el proyecto de ley que buscará modificar la coparticipación a las provincias del impuesto al cheque, para darle un porcentaje mayor que el 50% en asignación automática y que cuenta con el aval de muchos gobernadores. El dictamen definitivo salió ayer desde las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Coparticipación, y Economía le dio hoy el dictamen positivo para que se trate en el recinto y necesite solamente mayoría simple para aprobarlo.

La comisión está integrada únicamente por senadores opositores y busca en principio, y como piso, que las provincias reciban un 53% de la coparticipación del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, lo que implicaría para el Gobierno una pérdida de recaudación de no menos de 10.300 millones anuales.

«El conjunto de las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reciben sólo el 14,98 por ciento de la recaudación del impuesto, dejando de percibir, de acuerdo con las proyecciones del Presupuesto 2010, aproximadamente 7.000 millones de pesos», señala el proyecto unificado. Bajo esta lógica, «si se amplía el marco de análisis, la pérdida, en comparación con una eventual coparticipación bajo el esquema planteado en el presente proyecto de ley, suma 29.128 millones de pesos en valores corrientes o 37.657 millones en valores constantes de 2009 desde marzo de 2001».

«Las provincias de Santa Fe y Córdoba resignan anualmente una cifra estimativa de 600 millones de pesos cada una y la provincia de Buenos Aires, aproximadamente
1.400 millones de pesos», dice el proyecto que recibió ayer dictamen.

Otros legisladores opositores, especialmente diputados, presionarán para que el proyecto final supere el pedido de una coparticipación del impuesto al 50% y lo lleven directamente al 100%. Esto es entre $ 1.800 y 2.000 millones de ingresos anuales para el Gobierno, una cifra inaceptable para las cuentas nacionales.

De ser aprobado el proyecto, aun en una versión moderada del 50% de coparticipación, una de las consecuencias necesarias será la estabilidad eterna del tributo. Pensar que un impuesto pueda ser derogado y desmantelado cuando aporta unos 10.000 millones anuales a las siempre complicadas cuentas nacionales se convierte en algo utópico. Si bien no estuvo ni está en los planes del kirchnerismo una disminución en la presión de esta carga, la esperanza de los contribuyentes de que alguna vez el impuesto pueda ser disminuido en su alícuota (1,2 por mil para todo movimiento dentro del sistema financiero), siempre está latente.