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Resulta imprescindible para la operatividad de la República el derecho de acceso a la jurisdicción y al debido proceso subjetivo (arts. 14, 18, 33 y concds. de la C.N. y art. 8 inc. 1º del Pacto de San José de Costa Rica) así como también para el cumplimiento de la indelegable función jurisdiccional que ejerce el Poder Judicial, tratar
La suspensión de la tramitación de todas las ejecuciones judiciales y medidas cautelares y ejecutorias en los términos de la norma atacada es una medida que afecta gravemente el legítimo acceso a la Justicia. No es una solución idónea para enfrentar los problemas económicos y financieros que atraviesa el país, ni tampoco se presenta como una decisión inevitable, por lo que carece de una justificación bastante que la respalde.
Pretender silenciar a los ciudadanos, en defensa de legítimas pretensiones, aun cuando éstas sean contrarias a las decisiones o intereses del gobernante de turno, e imponerles a los jueces que se abstengan de ejercer libremente la delicada y difícil «funciónobligación» de hacer justicia, constituye un atropello al Estado de Derecho, una burla al principio de división de poderes y un insostenible avance del Poder Ejecutivo sobre la esfera privada garantizada constitucionalmente.
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