La percepción de aumento de la vulnerabilidad social convive con una dura evaluación de la gestión, ya que el 39% califica como "mala" la respuesta estatal.
Solo el 1% de los encuestados percibe una disminución del fenómeno, mientras que el 63% afirma que la situación de calle ha aumentado 'mucho' en 2026.
El gobierno enfrenta una paradoja en uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía, ya que el Operativo Calle del Ministerio del Interior (MI) tiene apoyo mayoritario, incluso más entre votantes del Frente Amplio (FA) que entre los de la coalición opositora, pero la mayoría de los uruguayos considera que la medida no está funcionando para reducir el fenómeno.
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Así lo revela una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana realizada a mediados de marzo. El punto de partida del relevamiento es contundente: el 82% de la población considera que la cantidad de personas en situación de calle aumentó en el último período, el 63% dice que "ha aumentado mucho" y el 19% que "ha aumentado algo". Solo el 11% cree que se mantuvo estable y apenas el 1% percibe una disminución.
La percepción se modera cuando la pregunta se acota al barrio propio. En ese caso, el 60% ve un aumento (33% "mucho" y 27% "algo"), mientras que el 25% dice que se mantuvo constante y el 8% nota una baja. La diferencia entre la percepción general y la local sugiere que el fenómeno se asocia fuertemente a zonas concretas del territorio, con mayor visibilidad en el centro urbano.
El 81% de los encuestados le asigna al gobierno "mucha" o "bastante" responsabilidad por la situación. Sin embargo, la mitad de la población (50%) afirma que el gobierno no está implementando medidas para abordar el problema, mientras que solo el 25% reconoce que sí existen acciones al respecto y el 22% dice desconocerlas.
Ese desconocimiento o percepción de inacción se refleja en la evaluación del desempeño: el 39% califica la gestión del gobierno como "mala" o "muy mala", el 33% como "regular" y solo el 17% la considera "buena". Es uno de los indicadores más negativos que muestra la encuesta para la administración Orsi en esta materia.
Desde principios de 2026, el MI desplegó en barrios de Montevideo (Centro, Cordón y Palermo) el Operativo Calle, una iniciativa que busca preservar la convivencia y el uso adecuado de los espacios públicos mediante la aplicación de la ley de faltas. El colectivo Ni Todo Está Perdido ha denunciado episodios de violencia durante los procedimientos.
Pese a esas críticas, la medida tiene respaldo mayoritario: el 56% de la población la evalúa positivamente, el 10% negativamente y el 34% no se pronuncia. Pero el dato más llamativo es la distribución por voto: el operativo genera más apoyo entre votantes del FA (62%) que entre los de la Coalición Republicana (52%). Una inversión del patrón habitual que habla de una ciudadanía frenteamplista que, al menos en este tema, respalda una política de seguridad dura implementada por su propio gobierno.
La paradoja aparece en la pregunta siguiente: cuando se pregunta si la ley de faltas sirvió para reducir la cantidad de personas en situación de calle, el 63% responde que no y solo el 11% dice que sí. El apoyo al operativo coexiste con el escepticismo sobre su eficacia real.
La encuesta también exploró las interpretaciones sobre el origen del problema. La mayoría (55%) considera que la situación de calle es "el resultado de problemas sociales, exclusión y falta de respuesta del Estado". Una minoría del 35% opina que las personas están en esa situación "principalmente por sus propias decisiones de vida", con diferencias marcadas por voto: el 46% de los votantes de la Coalición Republicana adhiere a esa visión, frente al 25% de los votantes del FA.
Sobre quién tiene mayor responsabilidad, el 39% apunta a "la sociedad toda", seguido por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) 21%, el presidente de la República (14%), las intendencias (5%), el gobierno anterior (5%) y el MI (4%).
Los datos pintan un escenario complejo para el gobierno: la ciudadanía reclama acción, apoya las medidas de seguridad, pero no las considera suficientes, y mayoritariamente entiende el fenómeno como un problema estructural que excede la aplicación de la ley de faltas.
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