Apuesta al futuro en tiempos difíciles

En plena crisis de desaprobación del gobierno y con la desazón de la eliminación del Mundial, el Ejecutivo incluyó en la Rendición de Cuentas un importante aumento de recursos para la infancia.

El gobierno apuesta a incrementar el gasto en la Rendición de Cuentas, pese a un escenario fiscal complejo.

Foto: Vecteezy

Tal como emergió de las conclusiones del “Diálogo Social”, el gobierno incluirá en el proyecto de Rendición de Cuentas la unificación de las transferencias sociales a la infancia, con la creación de la Asignación Única para la Infancia y la Adolescencia. La misma unirá las históricas Asignaciones Familiares, la Asignación Familiar Plan de Equidad, el Bono Crianza y las transferencias vía Tarjeta Uruguay Social (TUS). Se procederá, además, a un importante aumento en las transferencias totales.

Es una iniciativa de amplio consenso en su objetivo, que cabe preguntarse por qué no se hizo antes. El propio ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, describió la iniciativa no solo como un importante apoyo presupuestal a la infancia y adolescencia carenciada, sino como una acción de eficiencia presupuestal en la medida que la convivencia simultánea de varios programas con objetivos similares hacía poco eficiente la política social y dejaba algunas familias que —necesitando claramente apoyo— no lo tenían.

Desde el punto de vista presupuestal, la iniciativa implica un gasto adicional de 31 millones de dólares anuales para el año que viene, que será el primer año de ejecución. Este aumento presupuestal no estaba inicialmente previsto para la Rendición de Cuentas, pero —seguramente por presión interna y cierta racionalidad política en Economía— se decidió ampliar el gasto, pese a que el escenario fiscal pide, más bien, lo contrario.

El aumento del gasto no es drástico, aunque —si se le suman los 50 millones de dólares adicionales ya dispuestos para el año que viene por Presupuesto— la cifra supera los 80 millones adicionales, un aumento de 0,3%en el gasto presupuestal total. Tampoco dramático, pero una exigencia más en un escenario que es difícil de sostener con el actual déficit fiscal y el bajo crecimiento económico. Además —como detallaremos más adelante—, la cifra de transferencias se irá incrementando con el ingreso de más niños. Para 2028 se estima que el gasto adicional en la Asignación Única superaría los 40 millones de dólares anuales.

El ministro de Economía remarcó, sin embargo, que esto no implica revisar las proyecciones presupuestales, en la medida que el aumento del gasto se financiará con mayor eficiencia recaudatoria y reducciones de exoneraciones de impuestos. Aquí se incluirá la aplicación de Imesi a los vehículos eléctricos, hoy exonerados, a partir de un valor de algo más de 30.000 dólares, según información primaria. El Estado recauda casi unos 174 millones de dólares anuales por Imesi a combustibles, impuesto cuya recaudación está cayendo 20% interanual real, porque las ventas suben, pero las de vehículos a combustión (los que pagan), bajan.

Está pendiente ver si el proyecto de Rendición de Cuentas dispone otros cambios en exoneraciones (que implicarían pagar más impuestos en los casos alcanzados). Por todas estas cuestiones, la discusión parlamentaria promete ser intensa.

Los números para la infancia

Atento a la información divulgada por el gobierno, los aumentos de transferencias para los niños en hogares pobres serán sustanciales (en torno al doble de lo actual). Según el director de OPP, Rodrigo Arim, de aprobarse el proyecto en el Parlamento, la pobreza infantil podría bajar en un 25% lo que le alejaría del lamentable casi 30% hacia una cifra más cercana al 20%.

Pero también habrá impacto para familias que, sin estar debajo de la línea de pobreza, también tienen recursos acotados. La aplicación del programa comenzará en 2027 con los niños nacidos entre 2025 y 2027, para luego ir incorporando nuevas generaciones. Aquí los aumentos propuestos para niños de 0 a 3 años, según decil de ingreso:

Para los niños de 4 a 17 años se proyecta que las transferencias aumenten 68%; se plantea que estos niños ingresarán más adelante en el programa, lo que obviamente conllevará más gasto total.

Hoy por hoy, en Asignaciones Familiares están conviviendo las históricas (creadas en 1943) junto con las denominadas Asignaciones Familiares Plan de Equidad (creadas en 2007), que hoy son las más relevantes; además hay que agregar las transferencias a través de la Tarjeta Uruguay Social (TUS) y del programa Bonos Crianza. En la gráfica adjunta se muestra la evolución del gasto del Estado en las 2 primeras, que alcanzó U$S 319 millones en 2025 (en 2021 hubo un monto superior, por transferencias extraordinarias en la pandemia).

A esto hay que agregar el gasto vía TUS y Bono Crianza. El gasto en TUS tuvo un importante incremento este año 2026, superando los 120 millones de dólares (casi 40 más que en 2025). Esto muestra que la idea de reforzar las transferencias a la infancia (las TUS se enfocan principalmente en hogares pobres con menores), no es nueva. En Bono Crianza el monto presupuestal es mucho menor (casi 8 millones). De manera que —haciendo una cuenta general— las transferencias a la infancia ya suman casi 450 millones de dólares anuales; por lo que los referidos 31 millones adicionales implican un aumento de casi 7%. La cifra, como dijimos, irá aumentando paulatinamente.

En 2027 ingresarían al nuevo sistema más de 50.000 niños y niñas, de un total de cerca de 460.000 beneficiarios del sistema de transferencias. Desde el Ejecutivo se ponen los siguientes ejemplos de cómo impactaría el nuevo régimen:

• Una mujer embarazada con un niño de 2 años con un ingreso de $ 20.000, percibiría hoy $12.500 y pasa a casi $ 20.000.
• Una pareja con un ingreso acumulado de $ 57.000, que tiene un niño de 1 año y la mujer está embarazada, en el sistema actual recibe $ 4.000 y ahora recibirá $ 13.300.
• La misma pareja, pero con un niño de 5 años (no entra el año que viene) recibiría unos $ 8.000.

Más allá de la urgente necesidad de reducir el déficit fiscal, también es un hecho —y está analizando en políticas sociales—que las prestaciones, subsidios o partidas de apoyo, tienen que tener un mínimo de impacto efectivo; es decir, un monto suficientemente alto para que el beneficiario tenga un cambio apreciable en su condición. De lo contrario el gasto no es eficiente desde el punto de vista social. Todo esto estará en la discusión parlamentaria, que promete ser intensa.