Cambió el límite para pagos en efectivo: cuáles son los topes y qué multas hay si se incumple

El Poder Ejecutivo reglamentó el nuevo régimen de restricciones, con el objetivo de seguir avanzando en la lucha contra el lavado de dinero y el narcotráfico.

El gobierno estableció los nuevos límites para el uso de efectivo en operaciones y negocios.

El gobierno estableció los nuevos límites para el uso de efectivo en operaciones y negocios jurídicos en todo el país, una medida que fue incorporada junto con las modificaciones de la ley de Lavado de Activos, en marzo pasado; ¿cuáles son los nuevos montos y qué multas se aplican en caso de incumplimiento?

El Poder Ejecutivo reglamentó el nuevo régimen de restricciones al uso de efectivo en operaciones y negocios jurídicos, a través del decreto N° 238/026, con fecha del 1° de octubre. Se trata de una medida que, cuando el Frente Amplio (FA) comenzó a debatirla, generó diversas reacciones entre la oposición, con respaldo desde algunos sectores y cuestionamientos desde otros, aunque principalmente por su incidencia en lo ratificado por consulta popular respecto de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

¿Qué establece el nuevo régimen para el uso de efectivo en pagos y operaciones?

La normativa establece nuevos montos máximos permitidos para el uso de efectivo en operaciones como compraventas, préstamos y otros negocios jurídicos, independientemente de la naturaleza de las partes que intervengan. De esta forma, se podrá pagar en efectivo hasta 200.000 Unidades Indexadas (UI) o hasta el 5% del valor total de la operación, siempre que ese 5% no supere las 450.000 UI.

En tanto, el saldo de la operación, cuando corresponda, deberá abonarse mediante otros medios de pago, y tampoco no se podrá fraccionar una operación en varios pagos para cumplir así con los nuevos topes; es decir, el monto total será el resultado de todos los pagos correspondientes al mismo negocio jurídico.

Cuáles son los nuevos topes y multas

Además de los nuevos límites, el decreto estableció también que consecuencias tendrá el incumplimiento de estas nuevas restricciones, las cuales serán de carácter económico. Así, la multa aplicada será equivalente al 25% del monto pagado o recibido mediante medios no admitidos, con un mínimo de 1.000 UI. En caso de reincidencia, el mínimo de la multa se eleva a 10.000 UI.

Cabe recordar que el debate sobre el tope para operaciones en efectivo tiene antecedentes directos en la LUC del gobierno de Luis Lacalle Pou, que elevó el límite a 160.000 dólares desde los 6.000 dólares fijados por la ley de Inclusión Financiera durante la administración de José Mujica. Ese tope fue ratificado por la ciudadanía en el referéndum contra la LUC de 2022, y modificado en marzo de este año con los cambios aprobados en el Parlamento respecto de la ley de Lavado de Activos.

Una revisión de las políticas contra el lavado de dinero

La reglamentación de esta medida llega en un momento clave respecto de las políticas contra el lavado de dinero, en medio del escenario que devino de la Operación Trazador, en la que fue condenado el exasesor de un edil del Partido Nacional (PN), Pablo Leiva. A raíz de este caso —y su estrecha relación con el sistema político—, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, encabezó el martes una reunión de la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico.

“Se hizo un análisis de la estrategia nacional de riesgo, aprobada en el año 2023, y que no contempla algunos riesgos que se vieron, aparentemente explicitados en los hechos de pública notoriedad, por ejemplo la utilización de redes de pago que no están incluidas en la valoración nacional de riesgo”, explicó tras el encuentro.

En ese sentido, agregó que se llevaron "como deberes" el trabajar sobre una modificación de la evaluación nacional de riesgo de Uruguay, para incluir aspectos que hoy no forman parte de las consideraciones y alertas, y que van más allá del uso de mucho dinero para pagar cuentas, con billetes de 100 y 200 pesos, como hacía Leiva en un local de pagos. “El no desarrollo de una investigación conjunta del delito precedente y el delito de lavado, eso es una acción concreta que sí está prevista en la estrategia y que lamentablemente en este caso concreto, por la información de origen público, no se ha cumplido, y por otro es un reclamo que ha hecho el Ministerio del Interior desde el primer día que se configuró la comisión”, apuntó Díaz.