El astillero español, Cardama, llevó el conflicto por la rescisión de su contrato con Uruguay a la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París y ya fue notificado el presidente de la República, Yamandú Orsi.
El gobierno nacional sostiene que la vía internacional es improcedente y que el conflicto debe resolverse en Montevideo.
La Corte de Arbitraje de la CCI definirá si tiene competencia sobre el caso o si la causa debe retornar a los tribunales de Montevideo como pretenden en Uruguay
El astillero español, Cardama, llevó el conflicto por la rescisión de su contrato con Uruguay a la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París y ya fue notificado el presidente de la República, Yamandú Orsi.
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En marzo, Cardama había abandonado la conciliación judicial que tramitaba en Uruguay y anunciado que evaluaba "otros caminos". El arbitraje internacional en la CCI era el camino más claro y finalmente lo tomó, porque presentó su escrito amparándose en el artículo 39 del contrato, que prevé el recurso a la CCI cuando la sociedad designada para dirimir controversias técnicas "se rehúsa a servir de árbitro".
El astillero solicitó que se declare que la rescisión fue "improcedente y contraria a derecho", que el gobierno de Orsi "incumplió sus obligaciones contractuales" y que no actuó de buena fe. Sin embargo, no incluyó en el escrito inicial el monto de resarcimiento que reclamará.
El gobierno rechaza de raíz que esa vía sea aplicable, la posición oficial es que la resolución 336, adoptada el 13 de febrero, no rescindió el contrato por razones técnicas, que serían las que habilitarían el arbitraje internacional, sino por razones contractuales y jurídicas, es decir, irregularidades graves en las garantías exigidas por el acuerdo. El mismo artículo 39 establece que las controversias sobre interpretación, aplicación y ejecución del contrato se deben litigar ante los tribunales de Montevideo con renuncia expresa a cualquier otro fuero.
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, fue directo al salir a la prensa: "Es bastante débil la solicitud de Cardama de ir a un arbitraje internacional, porque uno tiene que agotar la vía nacional primero". Además, subrayó que el camino del Poder Ejecutivo fue "muy apegado al derecho nacional". Otro argumento adicional que maneja el gobierno es que Cardama no recurrió la resolución 336 ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en su momento, por lo que el acto "quedó firme".
La garantía de fiel cumplimiento emitida por EuroCommerce Bank, que el gobierno no pudo ejecutar porque la entidad se trataría de una compañía sin actividad real. El presidente Orsi lo describió sin rodeos al anunciar la rescisión: "Nos sorprendimos al encontrar que la garantía no existía o, peor aún, que lo que teníamos era un documento falso". El Ejecutivo también cuestionó la documentación del segundo aval, el de reembolso, emitido por Redbridge Insurance. A eso se suma que Cardama demoró 11 meses en obtener las garantías cuando el contrato otorgaba 45 días, y esas garantías eran condición indispensable para que el negocio entrara en vigor.
El contrato, firmado en diciembre de 2023 por 82 millones de euros (92 millones de dólares), preveía la construcción de dos patrulleras oceánicas de 87 metros para la Armada Nacional. Uruguay ya había pagado anticipos por cerca de 30 millones de dólares, un tercio del total.
Cardama, por su parte, ha sostenido en declaraciones previas que el proyecto seguía activo y que atribuye la rescisión a una decisión política sin sustento técnico. El dueñon del astillero español, Mario Cardama, afirmó que las declaraciones públicas del gobierno dañaron la reputación del astillero ante proveedores y anticipó: "Ya habrá oportunidad de discutir todos estos temas y veremos a quién le asistía razón".
El arbitraje se desarrollará en simultáneo con la investigación parlamentaria en curso, que en los próximos días pasará a analizar el período 2020-2026 y citará como primer invitado al excomandante en jefe de la Armada. La comisión especial busca reconstruir cómo se llegó a firmar un contrato de esa magnitud con un astillero sin experiencia previa en construcción de patrulleras oceánicas.
El senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), Daniel Caggiani, resumió la postura del oficialismo con una imagen que ya circula en la interna frenteamplista: propuso traer las estructuras desde Vigo, instalarlas en la Plaza Independencia y convertirlas en "un monumento a la ruina más grande que tuvo la Armada Nacional en el último gobierno".
Mientras el litigio avanza, Uruguay sigue sin patrulleras oceánicas y con el material parcialmente construido en Galicia, el primer buque habría alcanzado un avance de aproximadamente 43% según informes previos. El presidente Orsi reconoció esta semana que no se avanzó mucho en la búsqueda de un sustituto, pero mencionó que hay opciones de Reino Unido y Francia sobre la mesa.
También sigue en pie la oferta de Estados Unidos de donar un patrullero de la clase Reliance de la Guardia Costera, aunque requeriría entre 8 y 14 millones de dólares en refacciones y no alcanza las especificaciones de las OPV-87 originales.