Crisis en la industria frigorífica: 700 trabajadores quedan sin seguro de paro a partir del 1 de julio

Las importaciones de carne pasaron de 4.000 a 50.000 toneladas en poco más de una década, restando mercado a las plantas nacionales.

Desde la Foica denuncian que las grandes empresas de frigoríficos utilizan el seguro de paro estatal como un mecanismo de presión para licuar costos, evitar aportes y forzar severas rebajas salariales a cambio de reabrir las plantas.

Foto: Qualitá FB

Unos 700 trabajadores del Frigorífico Carrasco, planta de la multinacional brasileña Minerva Foods ubicada en Canelones, están en seguro de paro desde el 1° de noviembre de 2025, y su cobertura vence el 30 de junio y, sin una extensión del beneficio asegurada y sin fecha de reanudación de actividades, el 1° de julio quedarían en situación de despido indirecto.

La situación no es aislada, ya que de los 28 frigoríficos que operan en Uruguay, solo cinco trabajan todo el año sin hacer uso del seguro de paro (ni total ni parcial), mientras el resto sobrevive con subsidios estatales o directamente está paralizado. El escenario empujó a los sindicatos industriales a plantear al Poder Ejecutivo la creación de un nuevo tributo que financie un fondo de protección laboral ante cierres y reestructuras de empresas.

El presidente de la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (FOICA), Martín Cardozo, confirmó que en una instancia reciente en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) la empresa les planteó que hasta el año que viene no habrá actividad en Carrasco. "Ahora estamos en proceso de volver a hacer los trámites para una nueva extensión de seguro que no está segura, valga la redundancia. Es un problemón", advirtió el dirigente. La frase resume el estado de situación: en marzo se aprobó por ley la extensión del seguro de paro, pero por temas burocráticos los trabajadores acumularon cuatro meses sin recibir el pago. Para esta semana está prevista una reunión entre la FOICA y el Ministerio de Trabajo, y jerarcas de esa cartera también se reunirán con Minerva.

Cardozo fue categórico sobre los motivos reales del cierre prolongado. Aunque la empresa esgrime el alto valor del ganado y diferencias en el convenio colectivo como razones para mantener inactiva la planta, el sindicalista rechazó esa lectura: "No creo que el convenio colectivo sea la causa de que la empresa esté cerrada un año. Puede ser un elemento, pero no el elemento principal". Para el dirigente, lo que está en juego es una estrategia deliberada de las multinacionales: "Lo real es que estas empresas utilizan la herramienta del seguro de paro para reducir costos y manejar su economía, lo hicieron en Canelones, en BPU y otros frigoríficos. Es un mecanismo de extorsión: hundir al trabajador en el seguro de paro, seguir faenando en sus otras plantas para cumplir sus compromisos y plantear una reducción de personal y una rebaja salarial a cambio de mantener a los trabajadores".

Un modelo que se repite: Colonia, Canelones, BPU

Cardozo recordó el caso del Frigorífico Canelones, cuyos trabajadores permanecieron un año y medio en el seguro de paro y debieron aceptar una rebaja salarial de más del 20% para retomar la actividad, y el de BPU Meat, que también planteó como condicionante para volver una rebaja de salario. "Es un sistema que las multinacionales aplican en distintas plantas y que tienen bien aceitado", afirmó. Según denunció Cardozo, durante los meses de inactividad la empresa evita aportes, salarios y, en caso de extenderse el paro al año siguiente, el pago de licencias: "Todo eso multiplicado por 650 empleados es una ganancia enorme".

El otro frente abierto es el Frigorífico Establecimiento Colonia, en Tarariras, perteneciente al grupo brasileño Marfrig. En ese caso, las negociaciones de las últimas semanas permitieron encaminar una salida, aunque con impacto salarial para los trabajadores. La propuesta entre la Asociación Laboral y Personal de Establecimiento Colonia (Alpec) y Marfrig fue sometida a consideración de los trabajadores en una asamblea general en Tarariras. Desde la Foica reconocieron que no salieron "tan lesionados", aunque aclararon que habrá con el tiempo un ajuste en la cantidad de trabajadores a través de causales jubilatorios y retiros voluntarios.

Por otro lado, el presidente de la Foica indicó que las importaciones de carne pasaron de unas 4.000 toneladas en 2014 a cerca de 50.000 toneladas en la actualidad, lo que redujo la actividad de las plantas orientadas al mercado local. En paralelo, en lo que va de 2026, al 20 de junio, la faena vacuna alcanzó 967.242 cabezas con una caída del 17% respecto a igual período de 2025.

La CSI propone un tributo para crear un "colchón social"

En ese contexto, la Confederación de Sindicatos Industriales del Uruguay (CSI) tomó el problema frigorífico como expresión de una crisis más amplia del empleo industrial y llevó una propuesta al debate público. Su presidente, Danilo Dárdano, planteó la necesidad de crear lo que denominó un "colchón social" financiado mediante un tributo, destinado a cubrir a los trabajadores que quedan fuera del mercado laboral cuando una empresa cierra o reestructura. "Cada vez que cierra una fábrica o lleva a cabo una reestructura queda gente por el camino y el país y el gobierno no están dando respuestas", sostuvo el dirigente.

Dárdano descartó por el momento que el Estado pueda ser el financiador directo del fondo, "los números están complicados", y reconoció que una propuesta previa de la confederación, que consistía en una tasa del 1% sobre el patrimonio del 1% más rico del Uruguay, "no fue de recibo". La nueva orientación apunta a "redistribuir entre ganadores y perdedores" mediante algún tipo de tributo, sin especificar todavía el diseño exacto. "No hay mucho misterio: al fin del día vamos a estar hablando de recursos y estamos hablando de plata", señaló. Para el dirigente, el drama mayor no es quedarse sin trabajo sino la dificultad de reinserción: "Hay uno peor, que es cómo volvemos a trabajar lo más rápido posible. Ese es el desafío que tiene el país".

Un sector estratégico bajo presión

La Foica también viene reclamando desde hace meses la convocatoria a una mesa interministerial con participación del MTSS, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) para discutir el modelo de la industria frigorífica. Cardozo fue explícito: "Ir al MTSS es poner una curita, porque es citar a las empresas, negociar despidos y pedir extensiones de seguro de paro. Queremos saber qué industria quieren y hacia dónde vamos".

El dirigente recordó que en 2025 Uruguay recibió 13.500 millones de dólares por exportaciones, concentradas principalmente en cuatro rubros: carne, celulosa, soja y productos lácteos, y que la carne fue el principal producto de exportación. Esa paradoja, un sector que lidera las exportaciones pero mantiene a más de un millar de trabajadores sin cobertura, es, para la Foica, la señal más clara de que el problema tiene una dimensión estructural que desborda la negociación caso por caso. El sindicato sostiene que el subsidio por desempleo "obviamente es una herramienta que saludamos y en un momento ayuda a ir remando esta situación compleja", pero es categórico: "¿Resuelve el problema que tenemos? No, no lo va a resolver".