¿Cuántos plebiscitos puede haber en Uruguay durante 2024?

Una propuesta ya está confirmada y otras cuatro pugnan para ser definidas en consulta popular durante las elecciones.

De cara a las elecciones 2024, puede haber hasta cinco plebiscitos.

Foto: Reuters

El 2024 puede convertirse en el año con mayor cantidad de plebiscitos, si llegaran a ratificarse los cinco posibles, uno de los cuales ya tiene asegurada su participación: el de los allanamientos nocturnos, ya que el Partido Nacional alcanzó durante la semana las firmas necesarias en el Parlamento.

Además de la propuesta del oficialismo, hay otras cuatro que pugnan por llegar a las elecciones 2024. Entre las más mencionadas aparece la que impulsa el PIT-CNT para modificar la ley de la reforma de la seguridad social y la que lleva adelante Cabildo Abierto (CA) para la reestructuración de deudas a las personas físicas.

A esos textos, que todavía deben juntar las firmas del 10% de los inscriptos en el Registro Cívico Nacional, se suman el del movimiento Uruguay Soberano, que propone modificar los acuerdos entre el Estado y megaempresas; y la iniciativa que pretende fijar más criterios para elegir al próximo fiscal de Corte, impulsado por el diputado Eduardo Lust.

Si se confirmaran las 5 propuestas, será el año con mayor plebiscitos de la historia del país, que contó con 4 propuestas en 1966, aunque en esa ocasión fueron todas iniciativas para enmendar la Constitución. Si ocurre algo similar, se espera que las papeletas se diferencien por colores, como en aquella oportunidad, cuando triunfó la Reforma Naranja.

El oficialismo va por los allanamientos nocturnos

El plebiscito que implica el desarrollo de allanamientos nocturnos fue impulsado por el senador Carlos Camy, que obtuvo un total de 71 firmas (55% del Parlamento) y tendrá su papeleta en las elecciones del año próximo. La iniciativa contó con el apoyo de diferentes sectores políticos y el presidente Luis Lacalle Pou también se manifestó a favor.

Camy sostuvo que se trata de “una medida necesaria y posible para el combate al narcotráfico y el crimen organizado”, mientras consideró que sólo hay cuatro países en el mundo que no habilitaron esta posibilidad.

El PIT-CNT contra la reforma de la seguridad social

Uno de los debates más candentes tiene que ver con el plebiscito del PIT-CNT para modificar la reforma de la seguridad social, que podría significar un cimbronazo a las cuentas del país y, según el director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Ignacio Munyo, podría generar sobrecostos y pérdida del grado inversor.

La propuesta generó incluso posturas divididas en el Frente Amplio, con algunos sectores despegándose del proyecto y con el reciente aval de la intendenta de Montevideo y precandidata presidencial Carolina Cosse, quien firmó la propuesta al considerar que “es una mala ley”.

Este plebiscito fue duramente cuestionado por diferentes sectores de la coalición e incluso el intendente de Canelones y precandidato del FA, Yamandú Orsi, admitió que “hay que cambiarla, pero sin borrar de un plumazo las AFAP".

La iniciativa “Por una deuda justa”

Otro de los plebiscitos con mayor difusión es la reestructuración de la deuda de personas físicas que impulsa Cabildo Abierto, busca modificar el artículo 52 de la Constitución y establecer la "prohibición de la usura".

Entre una veintena de artículos, el proyecto fija "el interés máximo por todo concepto en una Tasa Efectiva Anual del 30% sobre los montos convertidos a Unidades Indexadas (UI)", mientras impone penas contra los "contraventores" de las medidas y señala que "nadie podrá ser privado de su libertad por deudas".

Esta iniciativa es mirada de reojo por los bancos, que creen que la mayoría de la población no validará la propuesta debido a que “la evidencia internacional” prueba que es desventajoso legislar en estos temas y alertan que el tope de usura propuesto puede retraer el crédito.

Foto: @Lista510

La propuesta de Uruguay Soberano

El movimiento Uruguay Soberano, a su vez, presentó un proyecto que apunta a regular los contratos de inversión hechos por el Estado, postulando que sea obligatoria la aprobación legislativa “en los casos en que el contrato implique sometimiento del país a jurisdicción extranjera, se brinde inmunidad jurídica a la empresa privada, o cuando se pongan a cargo del Estado obligaciones que se extiendan más allá del período de gobierno en curso”.

En esa dirección, la iniciativa pretende disminuir del 25% al 10% del padrón electoral la cantidad de firmas necesarias para promover un referéndum y busca declarar nulo el contrato firmado en 2017 entre el gobierno y la empresa UPM.

Eduardo Lust y el fiscal de Corte

Finalmente, aparece el texto del diputado Eduardo Lust, que tras alejarse de Cabildo Abierto se presentará como precandidato presidencial del Partido Constitucional Ambientalista. El legislador pretende que el cargo de fiscal de Corte sea ocupado 60 días después de generada la vacante.

Así, Lust se hizo eco de una realidad que encuentra a los diferentes espacios políticos sin lograr un acuerdo para definir el reemplazo de Juan Gómez, fiscal de Corte subrogante. Así, el texto establece que, si dos meses después de que el cargo quede vacante no hay convenio, asumirá el jerarca con mayor antigüedad en Fiscalía.