La jueza federal, Analía Ramponi, resolvió este martes que se tomen muestras de agua del río Uruguay en el marco de la demanda presentada por los diputados de Entre Ríos, Guillermo Michel y Marianela Marclay, y el senador del Partido Justicialista (PJ), Adán Bahl, contra el Estado uruguayo, por la construcción de la planta de hidrógeno verde que la empresa HIF Global proyecta para el departamento de Paysandú.
La Justicia argentina ordenó tomar muestras de agua en el río Uruguay por la planta de hidrógeno verde en Paysandú
La causa, iniciada por legisladores entrerrianos contra el Estado uruguayo y HIF Global, busca frenar el proyecto antes de que se produzcan daños ambientales.
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La perito designada dispone de un plazo de cinco días para fijar la fecha del peritaje que busca determinar la calidad del agua en el río Uruguay.
En el dictamen del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay N° 2, la Justicia requiere a la perito bióloga designada en la causa, Viviana Cousté, que "en el plazo de cinco días de notificada, fije fecha a los fines de realizar los trabajos periciales necesarios para tomar muestras de las aguas del río Uruguay", conforme a la tarea que le fue encomendada por resolución judicial del 21 de agosto. Una vez que la experta fije la fecha, la Justicia requerirá la colaboración de la Prefectura Naval Argentina, a través de su dependencia "Zona Bajo Uruguay", para realizar la toma de muestras destinadas a los análisis fisicoquímicos y microbiológicos correspondientes.
La resolución también formalizó un cambio en la conducción del expediente: conforme a lo dispuesto por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná mediante la Resolución N° 18/25, que instituye el régimen de subrogancias entre los distintos juzgados federales de la jurisdicción, Ramponi se avocó al conocimiento de la causa como jueza federal subrogante.
Un expediente que lleva casi un año en la Justicia argentina
La demanda contra el Estado y HIF Global fue presentada en marzo por los tres legisladores entrerrianos, todos integrantes del espacio peronista Unión por la Patria (UP), bajo la figura de una acción civil preventiva por daño ambiental, orientada a evitar un perjuicio antes de que se produzca, más que a reparar uno ya consumado. Los legisladores sostienen que Uruguay no presentó los estudios de impacto ambiental correspondientes ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), organismo binacional creado por el Estatuto del Río Uruguay, tratado que regula el uso de ese curso de agua compartido entre ambos países.
El planteo de los denunciantes invoca además el antecedente de la disputa por las plantas de celulosa en Fray Bentos, cuando la Corte Internacional de Justicia de La Haya determinó en 2010 que Uruguay había incumplido su obligación de informar y consultar previamente a la CARU, aunque en aquella instancia el tribunal no encontró que se hubiera producido un daño ambiental efectivo. Por esa similitud, algunos sectores en Entre Ríos calificaron al conflicto actual como una "nueva Botnia".
La planta proyectada por HIF Global se instalaría en la localidad de Constancia, en el departamento de Paysandú, a apenas unos kilómetros de la ciudad argentina de Colón. El proyecto apunta a producir combustibles sintéticos a partir de hidrógeno verde y dióxido de carbono capturado, una tecnología que sus impulsores presentan como clave para descarbonizar sectores de transporte de difícil electrificación, como la aviación y el transporte marítimo, aunque requiere un uso intensivo de agua para su proceso productivo.
Los pasos previos en la Justicia argentina
El expediente 3276/2026 tuvo varias instancias antes de esta resolución. En marzo, la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay dictaminó que el reclamo debía tramitarse ante un juzgado federal local, y no directamente ante la Corte Suprema de Justicia argentina.
En abril, el entonces juez a cargo de la causa, Hernán Viri, admitió parcialmente la acción y ordenó las primeras medidas de prueba, entre ellas una inspección judicial sobre el río Uruguay, que se concretó el 21 de agosto con la participación de la perito designada. Además, la Justicia había pedido información técnica a la propia CARU sobre la calidad del agua del río, en un fallo que en su momento fue interpretado como un revés para las posiciones del gobierno uruguayo y de la empresa.
Desde el gobierno uruguayo se sostiene que el proyecto cumplirá con todos los estándares ambientales exigidos por la normativa vigente, y se remarca que existe un diálogo permanente con Argentina para intercambiar información y responder a las inquietudes planteadas en torno al emprendimiento. En paralelo, la negociación entre el Poder Ejecutivo uruguayo y HIF Global por las condiciones de la inversión, en particular el precio de la energía que le proveerá UTE, continúa en curso, sin que a la fecha exista un contrato de inversión definitivo entre las partes.
