El Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió la disolución y liquidación de Grupo Bursátil Uruguayo (GBU) Sociedad de Bolsa S.A., luego de constatar una situación de insolvencia patrimonial vinculada a la sustracción de 21,15 millones de dólares pertenecientes a uno de sus clientes.
El Banco Central del Uruguay dispuso el cierre de un agente de bolsa tras constatar un faltante de más de u$s 21M
La investigación de la Superintendencia de Servicios Financieros reveló que la firma falsificó estados de cuenta y alteró sus sistemas operativos.
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El Directorio del Banco Central del Uruguay decretó la disolución de GBU e inició el proceso de liquidación administrativa.
La decisión fue adoptada por el Directorio el 4 de noviembre y estableció que el proceso se realizará en sede administrativa y designó a la contadora Ana Chaves como liquidadora delegada del organismo con las facultades previstas por la normativa vigente. La intermediaria de valores ya tenía sus actividades canceladas y había perdido su autorización para funcionar desde marzo de 2025, cuando el BCU aplicó esa sanción tras detectar incumplimientos normativos.
El nuevo pronunciamiento profundizó sobre los hechos que llevaron a la insolvencia de la sociedad. Según el documento, el regulador determinó que GBU adeuda a Gorriti S.A. 21,15 millones de dólares correspondientes a instrumentos financieros que figuraban en sus estados de cuenta, pero que no habían sido efectivamente adquiridos para esa cuenta.
Los movimientos que detectó el BCU
La resolución reconstruye operaciones que se remontan a 2019. Al 31 de agosto de ese año, la posición de Gorriti S.A. ascendía a 32,79 millones de dólares e incluía efectivo, bonos soberanos uruguayos y bonos del Tesoro de Estados Unidos.
Sin embargo, en actuaciones posteriores, la Superintendencia de Servicios Financieros constató que los bonos estadounidenses informados en los estados de cuenta de Gorriti S.A. no habían sido efectivamente adquiridos. El dinero obtenido por la venta de los bonos globales de la empresa, entre junio y julio de 2019, se había utilizado para comprar otras notas del Tesoro estadounidense con vencimientos de muy corto plazo.
Esos instrumentos, de acuerdo con el BCU, no fueron registrados en la cuenta de Gorriti S.A., sino en cuentas de otros clientes y del propio Álvaro Correa, uno de los accionistas de GBU. La resolución también señala que el 11 de mayo de 2022, por orden expresa de los directores de Gorriti S.A. pero sin contar con venia judicial, GBU transfirió valores por un nominal de 21,5 millones de dólares a Forestal I International Limited, para la integración de un proyecto forestal. El BCU concluyó que esa transferencia no fue real, porque los títulos que se informaban como transferidos no existían en el portafolio de Gorriti S.A.
El organismo sostuvo que los hechos que generaron la insolvencia ocurrieron en 2019, pero pudieron ser constatados recién después de la cancelación de actividades de la sociedad. Según el documento, GBU había falsificado los estados de cuenta de Gorriti S.A. y cambiado su sistema operativo, eliminando los rastros de los movimientos anteriores. La puesta en funcionamiento del sistema previo permitió reconstruir las operaciones.
La insolvencia y el proceso de liquidación
El BCU estableció que GBU adeuda a Gorriti S.A. US$ 21,15 millones, provenientes de los vencimientos de los instrumentos adquiridos con el producido de la venta de los bonos originales. Esos fondos, según la resolución, nunca ingresaron en la cuenta de la empresa cliente.
Además, el organismo indicó que el patrimonio y los fondos propios de la sociedad de bolsa son insuficientes para cubrir esa deuda. Por ese motivo, advirtió que las devoluciones quedarán sujetas a las disponibilidades existentes. La resolución también recuerda que en enero de 2025 el BCU había dispuesto la intervención preventiva de GBU, con suspensión de actividades, sustitución total de sus autoridades e inmovilización de sus activos propios y de sus clientes. Dos meses después, el 26 de marzo, resolvió cancelar sus actividades y retirar la autorización para funcionar.
Con la nueva decisión, el organismo dispuso formalmente la disolución y el estado de liquidación de la sociedad, en aplicación del artículo 108 de la Ley 18.627. La Superintendencia de Servicios Financieros deberá notificar la resolución a la empresa, a sus accionistas Álvaro Correa y María Lestido, y a la liquidadora designada.
