El BROU defendió su actuación por el caso Cardama y envió un informe a Yamandú Orsi

La institución afirma que verificó cada punto antes de pagar. Mientras tanto, Defensa sondea capacidad industrial local en caso de replantear la construcción naval.

El BROU busca despejar dudas en medio de la investigación por el caso Cardama.

El Banco República (BROU) entregó al presidente Yamandú Orsi un informe técnico que detalla su participación en el cuestionado contrato entre el Ministerio de Defensa (MD) y el astillero español Cardama.

La institución estatal aseguró que se atuvo "estrictamente" a los procedimientos vigentes cuando emitió una carta de crédito destinada a financiar la construcción de las dos patrullas oceánicas (OPV) para la Armada Nacional, un proyecto ahora bajo investigación por presunto fraude.

Fuentes del banco señalaron a Búsqueda que los servicios internos concluyeron que el BROU actuó "conforme a las normas internas y a las prácticas bancarias internacionales". El documento detalla cada instancia en la que el astillero presentó la documentación que habilitaba los desembolsos previstos y afirma que todos los pagos se realizaron tras la verificación de los "hitos" establecidos por el MD.

El informe fue remitido a Orsi por el presidente del BROU, Álvaro García, luego de ser analizado por el directorio. La institución destacó que "no intervino" en la decisión de Defensa de aceptar las garantías presentadas por Cardama, una de las cuales es el centro de las sospechas que motivaron la denuncia penal del Poder Ejecutivo.

Los pagos y el hito pendiente

En febrero, durante la transición de gobierno, el MD pidió al BROU que emitiera una carta de crédito para manejar los pagos a Cardama. Ese mecanismo funciona de forma automática: el banco solo paga cuando la empresa presenta documentación que prueba avances reales en la construcción de las patrullas oceánicas.

Así, en abril el BROU liberó 8,2 millones de euros, y en junio realizó un segundo pago por 12,3 millones de euros, luego de verificar los certificados correspondientes.

Queda un último paso por cumplir: la entrega de los motores. Si Cardama presenta la documentación que confirme esa entrega antes del 15 de enero, el BROU deberá realizar un tercer pago por 8,2 millones de euros. Si no lo hace, ese desembolso no se ejecutará.

En toda la operación, Deutsche Bank Madrid actuó como banco corresponsal, es decir, como intermediario internacional para procesar la carta de crédito.

Sandra Lazo consultó al sector naval local sobre la posibilidad de producir partes de las patrullas

Mientras avanza la denuncia penal por presunto fraude y se procesa la rescisión del contrato, el MD abrió un segundo frente: explorar si parte del trabajo puede realizarse en el país. La ministra del MD, Sandra Lazo, mantuvo reuniones con la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos (UNTMRA) y la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) para evaluar alternativas ante la caída del contrato con Cardama.

El presidente de la UNTMRA, Danilo Dárdano, dijo que el sindicato y la cartera acordaron "trabajar en conjunto" en un análisis técnico y económico. Planteó que, si fuera necesario, Uruguay podría asumir procesos de ensamblaje de bloques y componentes importados. "Fácil no hay nada, pero imposible tampoco", afirmó, recordando que la industria local construyó barcazas y participó en la draga de la Administración Nacional de Puertos (ANP), ensamblando más de 800 toneladas de acero.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Juan Castillo, confirmó que el gobierno evaluará "qué parte de la embarcación es posible construir en el país" para generar empleo local. Reconoció restricciones fiscales, pero insistió en que "no hay imposibles para los trabajadores uruguayos".

Desde Galicia piden una "solución satisfactoria"

En paralelo, el presidente Orsi recibió en Suárez y Reyes a la líder de la oposición española, Ana Belén Pontón, quien subrayó el "prestigio internacional" de la construcción naval en Galicia y abogó por una salida negociada al conflicto.

Pontón dijo que espera una solución "satisfactoria para ambas partes", y remarcó que la comunidad gallega en Uruguay y los vínculos económicos bilaterales justifican "cuidar la relación y mantener el diálogo". Evitó evaluar la denuncia penal presentada por el gobierno y afirmó que Uruguay "tiene total legitimidad para actuar como considere".