Disuelven en Reino Unido la compañía que garantizó el contrato de Cardama

Eurocommerce Limited, señalada como "empresa de papel" por el gobierno es investigada en Europa por presunta falsificación de documentos.

La causa de Cardama involucra a tres países y podría derivar en sanciones diplomáticas y económicas si se confirma la falsificación de documentos.

El Registro Mercantil de Reino Unido (Companies House) dispuso la disolución de Eurocommerce Limited, la empresa que había emitido la garantía financiera del astillero español Cardama en el contrato con el gobierno nacional para la construcción de dos patrullas oceánicas (OPV).

La resolución fue divulgada este miércoles por el organismo británico y confirmada por el medio Búsqueda, que accedió a la documentación oficial. Eurocommerce, calificada por el gobierno nacional como una "empresa de papel", figuraba como avalista en una operación de alto valor estratégico firmada durante la administración de Luis Lacalle Pou. Sin embargo, la presunta falsedad de la garantía presentada llevó al presidente de la República, Yamandú Orsi, a ordenar la presentación de una denuncia penal, actualmente en curso.

De acuerdo con el registro de Companies House, la sociedad fue notificada el 19 de agosto de su inminente baja, salvo que presentara "causas justificadas" para evitarla. El aviso fijaba un plazo no menor a dos meses, que expiró esta semana. Según el mismo registro, la disolución entra en vigor el 11 de noviembre, momento en que "todos los bienes y derechos de Eurocommerce Limited se considerarán bienes vacantes y pasarán a ser propiedad de la Corona".

La firma fue inscrita en mayo de 2019, con sede en el Reino Unido y bajo propiedad del ciudadano ruso Vladimir Suzdalev. No existen registros públicos de actividad económica relevante ni de operaciones vinculadas al sector naval.

Repercusiones a nivel nacional y en España

El caso se mantiene en el centro de la agenda política nacional. En las próximas semanas, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, será interpelada en el Parlamento, con el actual senador nacionalista Javier García, quien era ministro al momento de la adjudicación a Cardama, como interpelante.

Paralelamente, en España, el notario Luis Calabuig De Leiva, que figura en la documentación como certificador del acta de la garantía presentada por Cardama, denunció la falsificación de su firma ante la Dirección General de la Policía Nacional. La investigación judicial en ese país podría aportar elementos determinantes para esclarecer la naturaleza del documento y la responsabilidad de las partes involucradas.

Desde el Poder Ejecutivo uruguayo sostienen que el contrato fue suscrito "bajo supuestos falsos" y que el gobierno actuará para "preservar los intereses del Estado". El Ministerio de Defensa (MD) espera los resultados de las pericias internacionales antes de definir los próximos pasos sobre la continuidad del vínculo con el astillero español.