Jorge Díaz dijo que "no fue una sorpresa" la disolución de Eurocommerce, garantía de Cardama, en Reino Unido

El prosecretario de la Presidencia confirmó que se contrató un estudio jurídico en Europa para denunciar a la empresa vinculada al astillero español.

El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, se refirió a la liquidación de Eurocommerce —que servía como garantía de Cardama—.

Foto: Presidencia

El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, sostuvo que la liquidación de Eurocommerce —que servía como garantía de Cardama— en Reino Unido “era algo que esperábamos” y explicó que actualmente no existe ningún diálogo con el astillero español tras la denuncia realizada por el gobierno por presuntas irregularidades relacionadas con el contrato de construcción de dos patrulleras oceánicas.

Aunque aclaró que eso no significa que las posibilidades de diálogo estén descartadas, Díaz remarcó que se sigue adelante con la instrucción dada por el presidente Yamandú Orsi de presentar una denuncia penal ante la Fiscalía y de llevar adelante una investigación administrativa a través del Ministerio de Defensa Nacional.

Sobre la declaración de disolución de Eurocommerce, el jerarca la calificó como “la prueba del nueve”, algo que consideraban inevitable desde el Estado: “Era algo que esperábamos que sucediera”. Además, afirmó que el gobierno había tomado medidas para evitar esa liquidación, en tanto el Estado uruguayo figura como acreedor, pero que se trataba de una empresa “de papel, que claramente no existe, que nunca existió”.

Para Díaz, "la buena fe está dañada"

Consultado sobre los pasos siguientes, Díaz prefirió no dar detalles y enfatizó que la competencia recae sobre el Ministerio de Defensa Nacional. “Hay un tema de confianza, de buena fe que lamentablemente está dañado”, aseguró.

Eurocommerce fue la que otorgó una supuesta garantía de fiel cumplimiento por 4,5 millones de dólares al astillero español Cardama para que pudiera avanzar en la construcción de las dos patrullas oceánicas que el gobierno uruguayo había comprado a través de un contrato por 80 millones de dólares. Tras los cuestionamientos realizados por el gobierno, el Registro Mercantil de Reino Unido (Companies House) dispuso la disolución de la empresa.

Además de la denuncia penal en Uruguay, Díaz aseguró que el gobierno instruyó al estudio jurídico con el que trabaja en Reino Unido a tomar acciones y también hizo "algún contrato en España" para "recabar información".

En tanto, el caso se mantiene en el centro de la agenda política nacional. En las próximas semanas, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, será interpelada en el Parlamento, con el actual senador nacionalista Javier García, quien era ministro al momento de la adjudicación a Cardama, como interpelante.