A pesar de las discusiones partidarias, parecería haber un cierto consenso entre analistas económicos y actores políticos en cuanto a que las estimaciones de crecimiento planteadas en el proyecto de Presupuesto son ambiciosas o más cercanas al optimismo. En concreto, proyecta que Uruguay crecerá 2,6% este año, para desacelerar en 2026 y 2027, y luego alcanzar un 2,5% en 2028 y 2029. Sin embargo, el crecimiento promedio del PIB de los últimos 10 años es 1%.
El desafío del crecimiento
Las condiciones para el crecimiento son claves para que la economía sostenga los compromisos presupuestales proyectados.
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El equilibrio económico y el incentivo del crecimiento proyectado en el Presupuesto serán los grandes desafíos del gobierno.
Por supuesto, el pasado no siempre es buen predictor del futuro, en especial con los fuertes impactos (mayoritariamente negativos) que ha tenido la economía del país en los últimos años. La pandemia, el pico de inflación que sobrevino inmediatamente después, la sequía y la crisis argentina, fueron duros golpes. El pico de precios de exportación de 2022 compensó, pero solo en parte, las mencionadas complicaciones.
Ya en 2024 y principios de este año 2025 la economía se mostró más dinámica, y la discusión quedó abierta: ¿es un “rebote” luego del magro crecimiento de 2023 o hay fundamentos para un crecimiento a mejor ritmo? En el primer semestre de este año la dinámica se mantuvo, pero ya hay algunas señales de desaceleración.
Además -no siempre se destaca- el aumento del déficit fiscal (política fiscal expansiva, si lo decimos en términos formales) incide a favor de un mayor crecimiento de corto plazo, aunque complica la perspectiva financiera.
A su vez, la enfática política monetaria restrictiva del Banco Central del Uruguay (BCU) para bajar la inflación, tiene un impacto negativo ineludible en la economía, que la autoridad monetaria tiene que tener en cuenta. Dada la condición bimonetaria de nuestra economía, la expresión de esta restricción tiende a accionar más en la caída del tipo de cambio que en el crédito (donde también actúa, y el BCU pretende que actúe aun con mayor contundencia, en ambos sentidos). Y eso puede, al menos a corto plazo, impulsar ciertas áreas del consumo, mientras los fundamentos de competitividad se complican. De manera que calibrar la marcha de la economía no es tan sencillo.
En este contexto, hay que incorporar también las nuevas condiciones financieras globales. Luego de varias décadas de tasa de interés internacionales negativas, hace ya casi 2 años que la economía global está funcionando con tasas reales positivas. Esto modera el crecimiento y Uruguay no es la excepción; más con la expansión del crédito que se ha dado recientemente.
¿Cambiará el escenario? El último dato del mercado laboral en Estados Unidos fue muy flojo y abona la idea de que la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed) podría bajar pronto, incluso en dos ocasiones de aquí a fin de año. Esto ya se tradujo en la tasa de los bonos, con la tasa a 10 años del bono estadounidense bajando de 4,3% a menos de 4,1%. Para Uruguay esto implica un ahorro de decenas de millones de dólares anuales de intereses, aunque la mayor parte de la deuda uruguaya tiene tasa fija.
Gasto y recaudación
Sea como sea, el gobierno actual tiene que equilibrar la contención del gasto con respuestas, aunque sea muy acotadas, a las múltiples demandas presupuestales, que son particularmente intensas y numerosas, tratándose de un gobierno del Frente Amplio (FA). De tal manera que algunos voceros del oficialismo ya plantean que el Presupuesto aún no está cerrado. Además, Cabildo Abierto (CA) va a “cobrar” sus votos con demandas propias, para el presupuesto de sanidad militar y salarios de las Fuerzas Armadas, entre otros posibles planteos.
No es la situación más cómoda para el equipo económico, aunque parece claro que el Movimiento de Participación Popular (MPP) hace del respaldo al ministro de Economía, Gabriel Oddone, un asunto clave del gobierno.
Dadas las incertidumbres respecto al crecimiento futuro, desde la oposición se argumenta -y se planteará en el Parlamento- que en lugar de más impuestos hay que estabilizar el gasto y, eventualmente, reducirlo en su relación al PIB. El problema es que los antecedentes no la ayudan: al cierre del gobierno de Luis Lacalle Pou el gasto aumentó fuerte y, en consecuencia, también el déficit, aunque el gasto aumentó menos que en gobiernos anteriores.
Ante estos dilemas, y con una situación fiscal que hay que corregir, el equipo económico decidió buscar más ingresos a través de ajustes tributarios que implican ampliar la capacidad recaudatoria de algunos impuestos, caso de la aplicación del IRPF a las ganancias de capital en el exterior, de los residentes en Uruguay. Además, resolvió acelerar la aplicación del Impuesto Mínimo Global a las grandes multinacionales que promueve la OCDE, a través de la creación del Impuesto Mínimo Complementario Doméstico. De aprobarse, permitirá a Uruguay captar parte del impuesto a la renta de dichas compañías (muchas usuarias de zonas francas), emitiendo un documento que acredite ese pago en casa matriz.
De manera que Uruguay captaría recursos que, de otra manera, irían a tesorerías de otros países. El ministro Oddone estimó en el Parlamento que la recaudación anual potencial del impuesto es de unos 360 millones de dólares, una cifra muy significativa (el primer ingreso sería hacia 2027). Este paso para integrar la iniciativa global de OCDE va a hacer más directa la relación PIB-recaudación, en la medida que -hasta ahora- varias de estas grandes empresas no liquidan impuesto a la renta en el país por estar amparadas en regímenes de promoción, principalmente zonas francas.
Una pregunta que surge de inmediato es qué sucederá con ese régimen. Desde el gobierno se argumenta que se respetarán los derechos adquiridos, pero entre los usufructuarios y usuarios de zonas francas hay profundas dudas. Los regímenes de promoción se incorporaron y se ampliaron notoriamente en estos años para impulsar la inversión, y han sido muy efectivos en esto. Ahora se reconfiguran, con lo dicho para zonas francas y con cambios en los mecanismos de promoción de la Comap.
El gobierno tiene una agenda para impulsar las inversiones, y con ellas el crecimiento; ya presentó un primer paquete de medidas y ahora se agrega, en el proyecto presupuestal, un plan de “desempapelamiento” y reducción de burocracias, también con el objetivo de facilitar inversiones y negocios.
Aún con estos esfuerzos, la competitividad de la economía sigue siendo un problema y un desafío a encarar. El ministro Oddone está convencido de que eso no se arregla con cambios en los precios relativos; de lo cual se puede concluir que seguiremos con un Banco Central enfocado y vigilante en seguir bajando, y mantener baja, la inflación. En coherencia con esto, el proyecto de Presupuesto prevé que el dólar subirá, todos los años, por debajo de la inflación (cuadro). Hiper diagnosticado, el “Uruguay caro” vive y lucha.
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