El gobierno resignó casi u$s 5.900 millones en ventajas fiscales principalmente destinadas al apoyo a la inversión, la descentralización y el desarrollo.
El Estado uruguayo resignó un 6,9% del PIB en exoneraciones impositivas durante el 2025.
El Estado uruguayo resignó casi 5.900 millones de dólares en ventajas fiscales y tratamientos tributarios diferenciales durante el 2025, lo que equivale a un 6,9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, según las estimaciones de la Dirección General Impositiva (DGI).
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En medio de un debate amplio por las exoneraciones impositivas y la cantidad de ingresos que resigna el gobierno —en un momento marcado por la necesidad de ajustar ante los altos niveles de déficit— y en el marco de la presentación del proyecto de Rendición de Cuentas, el Poder Ejecutivo informó al Parlamento sobre la estimación del gasto tributario incurrido durante el año previo, el cual contempla nueve tributos: Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto a la Renta de la Actividad Económica (IRAE), Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), Impuesto a las Rentas de los no Residentes, Impuesto al Patrimonio (IP), Impuesto Específico Interno (Imesi), a las Transmisiones Patrimoniales, de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) y de Primaria.
El informe, elaborado por el Departamento de Estudios Económico-Tributarios de la DGI dio cuenta también de la resignación en ingresos por parte del Estado a través de ventajas fiscales, exoneraciones y tratamientos diferenciales. La misma, según consignó Búsqueda, fue de 241.504 millones de pesos en 2025 —equivalentes a 5.878 millones de dólares, según el tipo de cambio promedio anual— y registró un aumento real del 2,9% frente al 2024. Expresado en términos de PIB, el gasto tributario fue de 6,9%, cuando el año anterior había sido de 6,6%.
Según los datos presentados por la DGI, el 58% de la resignación de recaudación se explicó por exoneraciones, dentro de las cuales primó el IVA (44%), seguido por el IRAE (23%).
Si se analiza en cuanto a los tipos de actividad beneficiadas por las ventajas fiscales, el grupo “inversión, descentralización y desarrollo” explicó cerca de un tercio (31,2%) del gasto tributario. Aquí se contemplan medidas como la de promoción de inversiones en el IRAE y el IP, así como las rentas y el patrimonio exoneradas por empresas usuarias de zonas francas, entre otros. Sigue en importancia “salud y alimentación”, que incluye beneficios en el IVA a los bienes de la canasta de consumo y a los servicios médicos, entre otros.
En cuanto a los beneficiarios de estos tratamientos impositivos diferenciales, las empresas fueron las principales, con una participación del 51,7%. El resto de la ventaja fiscal se repartió entre personas físicas residentes en el país (46,2%) y no residentes (2,1%) —entre los que se cuentan a los turistas extranjeros alcanzados por la devolución del IVA en sus consumos en el país.
Los datos de la DGI llegaron en un momento álgido en el debate fiscal, principalmente impulsado por la decisión del gobierno de, a partir de enero de 2027, reducir las exoneraciones sobre el Imesi —a través de un esquema de franjas y alícuotas según el valor de importación y cilindrada— para los vehículos eléctricos e híbridos; medida con la cual se espera recaudar 16 millones de dólares, destinados al financiamiento de la mitad del gasto extra propuesto en la Rendición de Cuentas.
Pero, más allá de las circunstancias coyunturales particulares, el Frente Amplio (FA) estableció en su programa de gobierno para el actual período una revisión de los incentivos fiscales, con la intención de reorientarlos a los objetivos establecidos en una estrategia nacional de desarrollo. Un primer paso en este sentido ya había sido la modificación del régimen de estímulos de la Comisión de Aplicación (Comap) de la Ley de Inversiones, impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).