La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores aprobó de manera unánime el proyecto de ley que establece la suspensión y el cese del derecho al cobro de subsidios por parte de cargos políticos y de particular confianza en el caso de comprobarse su implicación en casos de corrupción en la administración pública.
El fin de los subsidios a funcionarios condenados por corrupción avanza en el Senado
Se da por descontado que será aprobado en el pleno. Luego volverá a Diputados para que vote los cambios.
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El proyecto se votará en el Senado para luego pasar a Diputaods para su aprobación final.
La iniciativa había sido presentada por el Partido Colorado, específicamente por el diputado Conrado Rodríguez en el año 2017, un proyecto que finalmente se archivó ya que no fue tratado en su momento.
Sin embargo, fue presentado nuevamente “en virtud de la importancia de regular una situación de vacío normativo en nuestra legislación, ante la comisión por parte de quienes ostenten cargos políticos y de particular confianza, de delitos contra la Administración pública y de corrupción, a la hora de acceder a un subsidio por parte del Estado”.
Entre los motivos que se brindaron durante la exposición, se establece que “en los casos en los que el funcionario que desempeña un cargo político o de particular confianza, incurre en la comisión de delitos contra la Administración Pública u otros vinculados a la corrupción, cae la mayor parte de los fundamentos del subsidio, creado para dar ciertas seguridades al funcionario que desempeña cargos en posiciones preeminentes de decisión y actúa con dedicación, probidad, imparcialidad y rectitud”.
¿Cuáles son los pasos a seguir?
Una vez aprobado por la Comisión de Constitución y Legislación, el proyecto de ley pasará al Senado para ser llevado a votación. Anteriormente, había sido aprobado por Diputados pero tendrá que volver debido a una modificación realizada en el artículo 1 durante el proceso de evaluación en comisión.
El artículo señalaba que el derecho al cobro del subsidio establecido por la ley 15.900 de 1987 y modificado por la ley 16.195 en el año 1991, se suspende “con el procesamiento o con la acusación fiscal y se extingue con la sentencia condenatoria firme, consentida o ejecutoriada".
La capacidad de Uruguay de combatir la corrupción
Según el índice anual de capacidad para combatir la corrupción elaborado por la Americas Society/Council of the Americas junto con Control Risk, Uruguay bajó su puntaje aunque sigue siendo el país mejor evaluado en América Latina.
El Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC, por sus siglas en inglés) de 2023 ubicó a Uruguay primero con 6,99 sobre 10. Una puntuación máxima de 10 refleja un país con mayor probabilidad de procesar judicialmente y penalizar la corrupción.
Uruguay, que tuvo una caída del 6% en su puntuación global y que experimenta una tendencia a la baja desde hace dos años, registró retrocesos en variables fundamentales de la capacidad legal como la independencia y la eficacia judicial, la capacidad para combatir los delitos de cuello blanco y la cooperación internacional en materia de orden público, señaló el informe del CCC.
El país obtuvo una puntuación de 6,54 en la categoría Capacidad Legal, mientras que fue de 7,51 en Sociedad Civil y Medios de Comunicación, logrando su calificación más alta en la categoría Democracia e Instituciones Políticas con 7,98.
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