10 de agosto 2023 - 17:08

El gobierno defiende la apertura del portland a privados tras "más de 20 años de pérdidas"

El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, señaló que la asociación de Ancap es la "única salida viable".

El gobierno advirtió que el negocio del portland representa importantes pérdidas para Ancap.

El gobierno advirtió que el negocio del portland representa importantes pérdidas para Ancap.

El ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, defendió la apertura a privados del negocio del portland al señalar que Ancap lleva “más de 20 años de pérdidas sistemáticas” por el funcionamiento actual.

El jerarca ratificó en el Parlamento la importancia de asociarse con privados como “única salida viable”, mientras que, en medio de un fuerte conflicto con Fancap, desde el Frente Amplio cuestionaron la posible “privatización” del negocio, advirtieron por el futuro de los trabajadores y consideraron que la iniciativa es “inconstitucional”.

Con respecto a las pérdidas acumuladas desde el 2000, Ancap informó que ascienden a más de 760 millones de dólares, al contabilizar 433 millones en pérdidas operativas y 328 millones por la pérdida de valor de las inversiones realizadas.

“Hace más de 20 años se pierde dinero. Se probaron todo tipo de cosas y no funcionaron. El mercado uruguayo no alcanza para desarrollar el negocio de manera viable”, apuntó Paganini en rueda de prensa.

Para el ministro “se necesita a alguien que nos dé acceso a los mercados regionales y no es Ancap la que lo pueda hacer”. En ese sentido, argumentó: “Cuando uno entra en estos mercados concentrados, con grandes jugadores, no es fácil hacerlo siendo un recién llegado que siendo un jugador que ya está, con espalda fuerte”.

Para el Frente Amplio, hay "riesgo de privatización"

Desde el Frente Amplio buscan que las asociaciones del Estado con privados sean aprobadas en el Parlamento. En ese marco, el senador frenteamplista José Nunes, consideró que “así se privatiza el negocio”, a lo que sumó la “incertidumbre por los puestos de trabajo” e indicó: “Queda claro que no hay ninguna obligación de absorber al personal ni a los funcionarios públicos ni al personal tercerizado”.

En cuanto a los compromisos que pueda asumir la empresa que se asocie, observó que “no hay ninguna garantía de por cuánto tiempo” y abundó: “Puede absorber por uno o dos años y luego cesarlo. No tenemos garantía de estabilidad”.

Por todo esto, Nunes dijo que debería esperarse una respuesta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. “Si se avala la licitación, se firman los contratos y luego el tribunal determina que es inconstitucional, se le va a generar una serie de compromisos y costos importantes al Estado. Entiendo que no hay una previsión”, alertó.

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