El gobierno presentó las propuestas de los encuentros participativos que serán la base del plan de seguridad

El Ministerio del Interior difundió las 92 iniciativas elaboradas en un proceso que reunió a políticos y ciudadanos en los que se definieron las prioridades en la materia.

El gobierno presentó las propuestas de los encuentros participativos que serán la base del plan de seguridad.

El Ministerio del Interior presentó este lunes el documento final elaborado tras los Encuentros por Seguridad, un proceso que integró a todos los partidos con representación parlamentaria y a 79 organizaciones de la sociedad civil, además de cerca de 50 aportes ciudadanos enviados a través de una plataforma digital.

El plan reúne 92 iniciativas distribuidas en ocho ejes, desde homicidios y narcotráfico hasta violencia basada en género, justicia, ciberdelito y control de armas. Del total, 23 propuestas corresponden a violencia basada en género y contra niñas, niños y adolescentes; 21 al sistema judicial; 15 a prevención del delito y la violencia; 12 a narcotráfico; y 7 a cada uno de los siguientes ejes: homicidios, armas de fuego y municiones, y ciberdelito y fraudes informáticos.

El Plan Nacional de Seguridad Pública comenzará a implementarse en marzo del año que viene luego de la etapa participativa que culminó en noviembre y que reunió a los distintos sectores políticos y civiles para definir prioridades comunes y redactar las propuestas concretas que ahora orientarán la estrategia oficial.

Diferencias en materia punitiva

En materia de homicidios, el documento identifica consensos como la necesidad de mejorar los niveles de esclarecimiento, el rol decisivo del control de armas y la importancia de la educación temprana para cortar ciclos persistentes de violencia. También se reconoce que los homicidios responden a dinámicas diversas y requieren intervenciones específicas según contexto.

No obstante, persisten algunos puntos que presentan disensos como el peso del lavado de activos en la prevención, la tensión entre estrategias focalizadas y el riesgo de estigmatizar territorios, además del debate sobre el rol de la pena, que divide posturas más punitivas de otras más orientadas a la rehabilitación.

Entre las iniciativas planteadas figuran la creación de comisarías de contexto crítico en las cinco zonas más violentas de Montevideo, un protocolo interinstitucional para actuar ante heridos de arma de fuego y la creación de una Fiscalía Penitenciaria. También se propone que las fiscalías de homicidios asuman las tentativas.

El rol de la Educación contra la violencia de género

El segundo bloque del documento aborda violencia basada en género, y contra niñas, niños y adolescentes, donde existe amplio consenso en el rol central del sistema educativo para la prevención y detección temprana, así como en la necesidad de reducir la revictimización institucional. Se destacan además la mirada interseccional, la incorporación de la perspectiva de las víctimas y la importancia de trabajar sobre masculinidades.

Los puntos de mayor desacuerdo se ubican otra vez en la tensión entre enfoques punitivos y restaurativos, la priorización presupuestal entre prevención y respuesta, la discusión sobre fortalecer servicios comunitarios o una estructura estatal más robusta, y el uso de tecnología, donde chocan objetivos de protección y privacidad.

Entre las iniciativas incluidas está la expansión nacional de las cámaras Gesell y la capacitación de operadores, la creación de canales de denuncia especializados con plataformas seguras y una línea telefónica para adolescentes testigos de violencia, además de una formación obligatoria y certificada en violencia basada en género para todo el funcionariado público de primera línea.