La Federación Rural denuncia que el 30% de los campos uruguayos ya está en manos de extranjeros

Los productores piden crear un registro público de propietarios finales y habilitar líneas de crédito de largo plazo para evitar el despoblamiento del interior.

Entre 2007 y 2020 se tramitaron excepciones sobre siete millones de hectáreas, equivalentes a casi la mitad de la superficie nacional.

El proyecto de ley impulsado por el Frente Amplio (FA) para limitar la adquisición de campos por parte de extranjeros abrió un debate en el sector agropecuario uruguayo sobre la propiedad de la tierra, la concentración productiva y las condiciones para atraer inversiones.

Mientras la Federación Rural considera que restringir las compras según la nacionalidad no es la herramienta adecuada, Gabriel Capurro, expresidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), sostiene que es necesario regular el acceso de capitales extranjeros a los campos para proteger las posibilidades de las futuras generaciones de productores nacionales.

La discusión llegó al Parlamento durante octubre, cuando representantes de la Federación Rural y académicos comparecieron ante la Comisión de Ganadería del Senado para analizar la iniciativa oficialista. En esas instancias, el debate se concentró no solo en quiénes pueden comprar tierras, sino también en los mecanismos de excepción vigentes, la concentración de la propiedad y las dificultades que enfrentan los productores uruguayos para acceder a un campo.

La Federación Rural entregó a los legisladores un documento en el que reconoció que el despoblamiento del interior, la pérdida de productores medianos y familiares y las dificultades de acceso a la tierra son problemas reales. Sin embargo, sostuvo que la nacionalidad del comprador no es el principal factor que explica estas dificultades.

La Federación Rural propone eliminar las excepciones

El presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, afirmó que la gremial comparte la preocupación por la extranjerización de la tierra, pero cuestiona el instrumento elegido por el oficialismo. "La herramienta no es la correcta, pero sí hay un tema que nos importa mucho y queremos aportar", sostuvo. También remarcó que la discusión no debe plantearse como una oposición entre compradores uruguayos y extranjeros: "Los extranjeros de por sí no son malos. No es un tema de extranjeros sí o extranjeros no".

La gremial considera que el problema central está en el régimen de excepciones que permite a determinadas sociedades anónimas adquirir tierras pese a las restricciones previstas para empresas con acciones al portador. Normey afirmó que, mediante esos mecanismos, se habilitó la tenencia de millones de hectáreas y que el sistema genera condiciones de competencia desiguales para los productores locales.

"Creemos que hay que eliminar el régimen de excepciones y que se cumpla con la idea original de que no puede haber empresas con acciones al portador que sean tenedoras de tierra", planteó el dirigente.

En el documento presentado ante el Parlamento, la Federación Rural señaló que entre 2007 y 2020 se solicitaron excepciones para la tenencia de aproximadamente siete millones de hectáreas, equivalentes al 43,75% de la superficie nacional. Según la gremial, ocho empresas concentraron alrededor del 80% de esa superficie solicitada.

La organización también estimó que cerca del 30% de las tierras uruguayas está en manos de extranjeros. Esa cifra corresponde a una estimación mencionada por Normey y no a un registro oficial consolidado de la propiedad rural.

Un registro de propietarios y financiamiento para productores locales

En su propuesta alternativa, la Federación Rural planteó crear un sistema público de registro y trazabilidad de la propiedad de la tierra que permita identificar a los propietarios finales y evitar que queden ocultos detrás de sociedades o fideicomisos.

Además de eliminar las excepciones, la gremial propuso desarrollar mecanismos de financiación de largo plazo para productores nacionales y facilitar el recambio generacional. Entre las medidas sugeridas figuran condiciones crediticias promocionales, beneficios fiscales para compradores uruguayos y facilidades sucesorias para herederos que busquen mantener la actividad productiva.

La organización también reclamó mejorar la competitividad del sector y reducir los costos que afectan a la producción. En ese marco, propuso revisar la intervención del Instituto Nacional de Colonización (INC) en operaciones de productores nacionales con trayectoria comprobada y mejorar las condiciones de crédito del Banco República.

Para la gremial, la extranjerización no puede analizarse separada de la concentración de la propiedad, los márgenes de rentabilidad y las ventajas fiscales de las que disponen algunos grandes capitales. Según su planteo, los productores tradicionales dependen principalmente de los ingresos de la actividad agropecuaria, mientras que otros inversores pueden utilizar la tierra como un activo patrimonial dentro de carteras más diversificadas.

La Federación Rural sostiene que el objetivo debe ser garantizar condiciones de competencia equitativas y promover un desarrollo rural que mantenga a los productores y sus familias en el territorio. En su documento, aclaró que no está en contra de la inversión extranjera, siempre que exista complementariedad con la producción nacional y reglas iguales para todos los actores.

Capurro defiende regular la compra de campos por extranjeros

Una posición diferente planteó Gabriel Capurro, expresidente de la ARU, quien se manifestó a favor de regular la compra de tierras por parte de extranjeros. Su postura contrasta con la posición institucional de la Asociación Rural, que se expresó en contra del proyecto del FA.

Capurro advirtió que la concentración y la extranjerización de la propiedad pueden acelerar el despoblamiento del interior y dificultar que las próximas generaciones de uruguayos accedan a la tierra. Según declaró, si el 70% u 80% de los propietarios fueran extranjeros, Uruguay podría comprometer su identidad nacional.

En una entrevista con Agronegocios Sarandí, el exdirigente sostuvo que la tierra es un recurso finito y que el país debe discutir qué condiciones quiere establecer para conservar oportunidades de acceso a ese patrimonio. Su planteo distingue entre invertir en actividades productivas y comprar el suelo, es decir, considera que los capitales extranjeros pueden contribuir al crecimiento, generar empleo e incorporar innovación sin que necesariamente deban convertirse en propietarios de los campos.

Como alternativas, mencionó el arrendamiento y las asociaciones entre inversores extranjeros y productores uruguayos. También propuso estudiar límites de superficie para las compras de extranjeros y topes a la proporción de tierras en manos de esos propietarios, tanto a escala nacional como departamental. Esas ideas fueron planteadas como opciones para discutir y no como disposiciones ya acordadas.

Capurro vinculó la propiedad de la tierra con la vida de las comunidades rurales. A su entender, cuando los productores son propietarios y viven cerca de sus establecimientos, una parte de los ingresos de la actividad se vuelca a los servicios y a la economía del interior. En cambio, cuando la renta se concentra fuera de esas comunidades, puede profundizarse la pérdida de población y el deterioro de servicios como la salud y la educación.

Académicos vinculan extranjerización y concentración

Gabriel Oyhantçabal, profesor adjunto del Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, sostuvo ante la Comisión de Ganadería del Senado que la extranjerización está vinculada con fenómenos de concentración y anonimato en la propiedad de los campos.

Según el académico, esos procesos son difíciles de separar y pueden analizarse a partir de información sobre la estructura de la propiedad. Su planteo amplía la discusión más allá de la nacionalidad de los compradores y pone el foco en quién controla efectivamente la tierra y cómo se distribuye ese recurso.

La legislación uruguaya no establece actualmente un límite general de superficie que puedan adquirir los extranjeros por su nacionalidad. El marco regulatorio incluye, entre otros aspectos, restricciones a la propiedad de tierras por parte de Estados extranjeros, exigencias vinculadas a la identificación de los titulares de sociedades y mecanismos de preferencia estatal, aunque existen excepciones que han sido cuestionadas por la Federación Rural.

El proyecto del FA busca introducir límites adicionales a la adquisición de campos por extranjeros. Sin embargo, el alcance definitivo de la propuesta y sus efectos dependerán de la discusión parlamentaria y del texto que eventualmente se apruebe.

Mientras el oficialismo promueve restricciones a las compras por parte de extranjeros, la Federación Rural propone actuar sobre las excepciones, la concentración y las condiciones de competencia. Capurro, en cambio, considera que también es necesario debatir límites directos a la adquisición por capitales extranjeros para resguardar el acceso de los productores nacionales y el desarrollo de las comunidades rurales.