El gobierno proyecta una inversión de u$s 120 millones para la compra directa de dos patrulleras oceánicas

Las nuevas unidades son consideradas críticas por el Ministerio de Defensa para el control de la pesca ilegal y el narcotráfico en aguas jurisdiccionales.

Además de la demanda civil por daños, el gobierno activó auditorías administrativas para deslindar responsabilidades sobre el proceso fallido con Cardama.

El gobierno evalúa pagar cerca de 60 millones de dólares por cada patrullera oceánica (OPV), en el marco de un nuevo proceso de compra tras la rescisión del contrato con el astillero español Cardama.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, confirmó que ese es el rango de precios que surge de los sondeos realizados y lo consideró "viable a gastar" en este tipo de embarcaciones.

El objetivo del Poder Ejecutivo es adquirir dos unidades para el patrullaje marítimo, a lo que se sumaría la posible incorporación del buque Resiliance, ofrecido como donación por la Guardia Costera de Estados Unidos.

El foco en el financiamiento

Más allá del precio, el mandatario puso el acento en la forma de pago como un factor central de la decisión. "Más importante o tan importante que el costo es cómo lo pagás", afirmó Orsi en una conversación con periodistas.

En ese sentido, indicó que la alternativa que hoy aparece como más viable es la compra directa "de país a país", un mecanismo que el gobierno considera más conveniente desde el punto de vista financiero y operativo.

Fin del conflicto con Cardama

En paralelo, este jueves se confirmó que el astillero Cardama no recurrió la rescisión del contrato ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).

Esto implica que la decisión del Estado quedó firme y habilita al Ministerio de Defensa (MD) a avanzar en el reclamo por daños y perjuicios. El prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, explicó que "la rescisión es definitiva" y remarcó que "no va a haber juicio ante el TCA".

Díaz señaló que la no presentación de recursos por parte de la empresa constituye "un paso importante" para el gobierno. "Nos da una gran tranquilidad de haber actuado conforme a derecho", sostuvo, y agregó que ahora se iniciará el proceso de reclamo por daños.

Además, indicó que el Estado entendió que "cumplió con todas sus obligaciones" y que la decisión de rescindir el contrato se tomó con respaldo técnico. En paralelo, el gobierno impulsará investigaciones penales, administrativas, civiles y políticas para determinar eventuales responsabilidades vinculadas al proceso.