El plan 2025-2029 del organismo recaudador expone una estructura "desactualizada y rígida", tecnología "insuficiente" e infraestructura "deteriorada".
La DGI ya no persigue papeles; ahora rastrea huellas digitales en un mercado laboral y comercial cada vez más transparente para el fisco.
La Dirección General Impositiva (DGI), el organismo que recauda la mayor parte de los recursos del Estado, trabaja en un plan, cuyo eje central es lo que sus propias autoridades llaman un "cambio de paradigma institucional", es decir, pasar de perseguir el incumplimiento tributario una vez que ocurrió a anticiparse antes de que suceda.
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Un documento borrador del plan al que accedió el medio Búsqueda muestra, con inusual franqueza, tanto las fortalezas del organismo como sus debilidades estructurales. Entre las fortalezas, el documento menciona el capital humano técnico y profesional altamente calificado, el liderazgo directivo, una imagen institucional positiva y un alto nivel de digitalización con amplia disponibilidad de datos.
La "capacidad tecnológica insuficiente" aparece como un problema central, reflejado en falta de actualización de equipamiento, sistemas no integrados y restricciones que dificultan escalar la operativa ante crecientes demandas. A eso se suma una "estructura organizativa desactualizada y rígida que dificulta la adaptación al contexto", con "fragmentación operativa" y "prácticas de microgerenciamiento" que frenan la eficiencia.
El plan también reconoce "limitaciones en la gestión presupuestal", "déficits en gestión de talento humano y del conocimiento" y una infraestructura edilicia "deteriorada" que afecta tanto la continuidad operativa como la calidad del ambiente laboral. La "capacidad limitada para el análisis de riesgo" y el "déficit de capacidades especializadas en diversas áreas de conocimiento" completan un cuadro que describe una institución que sabe lo que tiene que hacer, pero que enfrenta obstáculos concretos para hacerlo.
El corazón del plan es la adopción del Modelo de Gestión de Cumplimiento Tributario (MGCT), una metodología que implica un giro conceptual profundo respecto a la forma en que la DGI ha funcionado históricamente. El director del organismo, Gustavo González Amilivia, lo explicó con una metáfora elocuente en una entrevista con Búsqueda en junio de 2025: la DGI quiere evitar "incendios" en lugar de apagarlos.
En la práctica, el modelo supone usar datos, análisis avanzado e inteligencia fiscal para anticipar riesgos antes de que se consoliden las brechas de evasión, en lugar de reaccionar ante el incumplimiento ya materializado. El documento borrador lo define como un "proceso estructurado y dinámico" que organiza el ciclo completo del cumplimiento tributario (registrar, declarar, informar y pagar) con un "enfoque preventivo, proactivo e integral" que reconoce que los contribuyentes tienen distintos niveles de riesgo y que los recursos institucionales deben asignarse de forma diferenciada según ese riesgo.
Una consecuencia práctica que ya está en curso es la generalización de declaraciones con información precargada por la propia administración, un sistema que reduce la carga sobre el contribuyente y minimiza errores involuntarios. La idea es extender ese esquema a más impuestos a medida que avance la implementación del modelo.
La dimensión de la transformación no pasó inadvertida dentro del organismo. El propio González Amilivia reconoció haber sentido "pánico" al dimensionar lo que estaban encarando, tanto por la profundidad del cambio como porque la implementación debe hacerse sin afectar la operativa habitual de recaudación, que es la principal fuente de financiamiento del Estado.
Al inicio hubo resistencia de parte del personal, algo esperable ante cualquier transformación organizacional de esta escala. Con el tiempo, el clima interno fue mejorando: en octubre de 2025, González Amilivia describía "mucho entusiasmo" y "empoderamiento" dentro del organismo.
Para procesar el cambio, la DGI organizó un ciclo de talleres internos con funcionarios que comenzó en mayo de 2025 y continúa en 2026. Son espacios de participación voluntaria, con cupo de hasta 40 personas y duración de dos horas, en los que se discuten propuestas y se recogen sugerencias para el plan estratégico.
El "cambio de paradigma institucional" aparece como el central, con un propósito declarado que combina tres metas: optimizar la recaudación para asegurar el financiamiento sostenible del Estado, reducir las brechas de evasión y fortalecer la confianza ciudadana en la equidad del sistema tributario.
La DGI es uno de los organismos del Estado con mayor contacto directo con ciudadanos y empresas, y su legitimidad depende en buena medida de que los contribuyentes perciban que el sistema es justo y que quienes evaden son efectivamente detectados y sancionados. Un modelo que concentra los recursos de fiscalización en los segmentos de mayor riesgo y mayor impacto fiscal tiene más posibilidades de generar esa percepción que uno que aplica controles genéricos a todos por igual.
El plan también reconoce las oportunidades externas que favorecen la transformación: la expansión del ecosistema digital del Estado, la tendencia global al uso de inteligencia artificial y automatización en las administraciones tributarias, y la estabilidad macroeconómica del país, que facilita la planificación institucional.
Entre las amenazas, el documento menciona un entorno internacional incierto con cambios en las cadenas logísticas, riesgos de ciberseguridad, la aceleración de la economía digital y la dificultad para atraer y retener personal especializado en tecnologías de la información, un problema que comparte con el resto del sector público en un mercado laboral donde la demanda privada por ese talento es muy alta. El plan estratégico está en sus fases finales de elaboración. La transformación que describe es ambiciosa, pero el borrador tiene el mérito de no disimular los obstáculos que habrá que superar para llevarla adelante.
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