La Justicia embarga a Pablo Carrasco por u$s 16 millones y ordena prisión preventiva a todos los acusados

La medida fue dispuesta por la jueza Diovanet Olivera. Se trata de una nueva etapa en la investigación por una presunta estafa superior a los u$s 200 millones.

Pablo Carrasco fue embargado y se le dictó la prisión preventiva en la causa de Conexión Ganadera.e

Captura: Telemundo

La Justicia resolvió el embargo de bienes por aproximadamente 16 millones de dólares contra los tres imputados por la causa de Conexión Ganadera y también dictó la prisión preventiva por 180 días al principal referente de la empresa, Pablo Carrasco.

Durante la audiencia, el fiscal Enrique Rodríguez, especializado en Lavado de Activos, solicitó el embargo de bienes muebles e inmuebles pertenecientes a los tres imputados: Carrasco, su esposa Ana Iewdiukow, y Daniela Cabral, viuda del fallecido empresario Gustavo Basso. La solicitud fue aceptada sin oposición por parte de las defensas, aunque con reservas procesales en cuanto a futuras instancias.

Rodríguez detalló que entre los bienes a embargar se encuentran campos, inmuebles urbanos y vehículos, varios de ellos registrados a nombre de terceros, aunque adquiridos, según la Fiscalía, con fondos o por iniciativa de los imputados. El valor total de los activos congelados alcanza los 16 millones de dólares, una suma que, de acuerdo con el fiscal, "es menor al perjuicio total causado", el cual superaría los 200 millones de dólares, según las estimaciones preliminares de la investigación.

En paralelo, la jueza Diovanet Olivera accedió al pedido de prisión preventiva presentado por el fiscal respecto a Carrasco. La medida se justificó por el riesgo de fuga derivado de su capacidad económica y por el potencial entorpecimiento de la investigación, ya que aún resta tomar declaraciones a empleados de las firmas involucradas y se investigan vínculos societarios que aún no han sido esclarecidos del todo.

Carrasco fue enviado a prisión por 180 días, mientras que su esposa y la viuda de Basso deberán cumplir prisión domiciliaria con tobillera electrónica por el mismo plazo. Las defensas no apelaron la resolución. El abogado Jorge Barrera, representante de Carrasco e Iewdiukow, señaló que si bien entiende que la prisión preventiva debería ser una "medida excepcional", no se opondría a lo solicitado por la Fiscalía.

Por su parte, el defensor de Cabral, el abogado Jorge Donnángelo, expresó objeciones a la prisión domiciliaria, al considerar que el riesgo de fuga "ya había sido conjurado" con medidas anteriores. No obstante, la jueza Olivera ratificó lo solicitado por el fiscal y dijo: "Lo que no había ocurrido en febrero y ahora ocurre es una imputación penal concreta".

La Justicia investiga una estafa a gran escala

La estafa de Conexión Ganadera se basaba en un esquema fraudulento que operaba bajo la apariencia de un negocio legítimo de inversión en ganado. La empresa ofrecía a particulares la posibilidad de invertir en la compra de animales, prometiendo rentabilidades fijas, seguras y superiores a las del sistema financiero tradicional. Según el relato de la Fiscalía, el mecanismo consistía en captar dinero de inversores con el argumento de que sería destinado a la adquisición de ganado que luego sería criado y vendido, generando ganancias. A cambio, los inversores recibirían pagos periódicos o una ganancia final al venderse el ganado.

Sin embargo, la investigación reveló que buena parte de ese ganado no existía, no estaba identificado ni asegurado como se prometía, y en muchos casos ni siquiera se había adquirido. En realidad, los fondos que ingresaban eran utilizados para pagar intereses o devoluciones a inversores anteriores, en una lógica propia de los esquemas piramidales o Ponzi. Es decir, los nuevos ingresos financiaban los retiros y aparentaban una rentabilidad que no tenía respaldo económico real.

Además, la Fiscalía detectó que el dinero circulaba entre distintas empresas vinculadas a los responsables de la firma, e incluso se desviaba hacia propiedades o bienes puestos a nombre de terceros como familiares o testaferros. También se habrían manipulado documentos y balances para sostener la ilusión de que el modelo era sólido.

El perjuicio económico estimado supera los 200 millones de dólares, y hay cientos de personas damnificadas, incluyendo ahorristas, jubilados, profesionales y pequeños empresarios. El caso, uno de los mayores fraudes económicos registrados en Uruguay.