30 de diciembre 2023 - 12:39

Los escándalos que marcaron el 2023 del gobierno

El año que termina fue escenario de una gran cantidad de polémicas y casos que golpearon, sobre todo, al Partido Nacional: los casos Astesiano y Marset fueron solo dos de ellos.

El gobierno uruguayo fue sacudido por varios escándalos durante el 2023.

El gobierno uruguayo fue sacudido por varios escándalos durante el 2023.

Foto: Parlamento del Uruguay

El 2023 fue, sin lugar a dudas, el año de los escándalos en Uruguay, sobre todo para el gobierno —y el Partido Nacional, en particular—, que se vio sacudido por varios eventos. Los casos Marset y Astesiano fueron los más resonantes por sus implicaciones, pero otros como las designaciones en Salto Grande generaron discordia a nivel político e institucional.

El año comenzó atravesado por la polémica en torno al exjefe de seguridad del presidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano, cuya trama se expandía con cada día de investigación que pasaba. El custodio fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión, una multa de 100 Unidades Reajustables (UR) y la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos en un juicio abreviado por la causa de falsificación de pasaportes para ciudadanos rusos.

Sin embargo, este no fue el único delito por el cuál se lo investigó, sino que la justicia descubrió que Astesiano utilizó en una gran cantidad de ocasiones los sistemas de seguridad del Ministerio del Interior para seguir, vigilar y espiar a diferentes personas —entre ellas, los senadores frenteamplistas Mario Bergara y Charles Carrera; el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala; y hasta estudiantes secundarios.

El caso fue calificado como de corrupción y llegó incluso hasta el presidente, quien negó conocer absolutamente nada de las actividades ilegales que realizó el jefe de su seguridad. Incluso el diario Financial Times de Estados Unidos señaló el escándalo como un hecho que afectó la reputación de Uruguay y su credibilidad institucional y democrática.

Marset, tres renuncias y crisis institucional

Si bien en aquel entonces éste parecía ser el mayor problema del gobierno, en paralelo comenzaba a resonar el caso Marset, por la entrega del pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marset. La primera funcionaria en presentar su renuncia por sus implicaciones en la emisión del documento oficial —en medio de la polémica por la contribución del Estado a que un delincuente buscado por la Interpol pudiera profugarse en el 2021— fue la vicecanciller Carolina Ache, que asumió la responsabilidad política y posibilitó que el impacto al gabinete de gobierno fuera mínimo.

A fines de octubre, en tanto, el escándalo estalló en dimensiones todavía más importantes cuando se divulgaron unos audios del entonces canciller Francisco Bustillo sugiriendo la eliminación de pruebas respecto del conocimiento en el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre quién era Marset y su situación con la justicia internacional. El hecho derivó en la mayor crisis institucional del gobierno, y a la renuncia de otros tres funcionarios: Bustillo, el ministro del Interior Luis Alberto Heber, y el subsecretario del Interior Guillermo Maciel. Roberto Lafluf, principal asesor presidencial, también debió dimitir.

El mismo Lacalle Pou estuvo implicado cuando Ache declaró ante Fiscalía haber sido citada a la reunión en la que también le indicaron eliminar evidencia del trámite del pasaporte por aparente orden del presidente. La respuesta del mandatario, como ya para entonces parecía ser su manejo de crisis habitual, fue que no estaba al tanto del movimiento dentro de su gabinete de gobierno.

Penadés, el "monstruo" en el Parlamento

A fines de marzo, en tanto, comenzó el drama que tuvo como protagonista el senador y jefe de bancada del Partido Nacional, Gustavo Penadés. Con la primera denuncia por abuso sexual de menores contra el legislador por parte de la militante nacionalista Romina Celeste Papasso, se abrió una puerta hacia una parte desconocida del dirigente blanco.

Penadés negó todas las acusaciones en su contra —a medida que se iban sumando más y más denuncias—, e incluso llegó a denunciar el armado de un "trama" para ensuciarlo. Asimismo, y en un primer momento, fueron muchos correligionarios los que defendieron su inocencia; incluso el presidente Lacalle Pou, que afirmó públicamente su confianza y respaldo a quien, además de ser una figura importante de su gobierno en la Cámara de Senadores, era también su amigo.

A medida que avanzó la investigación, Penadés terminó renunciando tanto al Partido Nacional como a su banca en el Senado —previo tratamiento de su desafuero para que pudiera ser indagado—, y finalmente fue imputado por 22 delitos sexuales el 10 de octubre pasado. El escándalo, en tanto, fue visto por la sociedad como una falta de carácter personal, sin relacionarlo directamente con el gobierno a pesar de que muchos de los funcionarios clave del mismo habían defendido al exsenador, si bien luego repudiaron fuertemente sus acciones.

Salto Grande y Katoen Natie

Las presuntas irregularidades en la extensión del contrato entre la empresa belga Katoen Natie y el gobierno por la Terminal Cuenca del Plata (TCP) hasta 2081 fue otro de los conflictos clave del año, a pesar de que no tuvo el impacto a nivel mediático que sí tuvieron los casos Astesiano y Marset, por ejemplo.

En mayo, la justica desarchivó la causa a pedido del Frente Amplio, guardada desde noviembre del 2022 en un cajón luego de que el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, considerara que no “abuso de poder de carácter arbitrario” con una “intención predeterminada de causar un perjuicio (a la administración o terceros) o generar un beneficio a particulares”, tal y como señalaban las acusaciones. Desde la coalición de izquierda señalaban que el acuerdo no había pasado ni siquiera por la revisión del directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Sin embargo, en noviembre la causa volvió a archivarse, esta vez por orden de la fiscal Silvia Porteiro, que aseguró compartir las conclusiones de Rodríguez.

Otro caso de polémica fueron las 36 designaciones directas en la delegación uruguaya de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, que terminó con la renuncia del presidente del organismo, el nacionalista Carlos Albisu. Desde la oposición señalaron que el accionar en las contrataciones fue clientelista —en tanto los contratados eran ediles blancos— y que el gobierno tenía responsabilidad política en las mismas.

En su momento, el presidente Lacalle Pou sostuvo que no le temblaría el pulso para tomar decisiones en caso de que se comprobaran las irregularidades denunciadas, mas no sucedió nada más de relevancia luego de que Albisu diera un paso al costado y el Parlamento interpelara al todavía canciller Bustillo y a la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche.

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