OSE posterga las negociaciones con privados para la construcción de la planta potabilizadora de agua

El gobierno estira las conversaciones con el Consorcio Aguas de Montevideo para una obra con la que espera diversificar la matriz de potabilización.

Las autoridades de OSE buscan resolver detalles técnicos antes de iniciar la obra estratégica.

El directorio de la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) resolvió otorgar una nueva prórroga en las conversaciones con el consorcio Aguas de Montevideo para concretar el proyecto alternativo al plan Arazatí, por lo tanto, la fecha límite quedó fijada para el 30 de este mes con el objetivo de cerrar cuestiones técnicas que aún permanecen abiertas.

Según confirmó el organismo estatal, las partes buscan mayor tiempo para ajustar detalles del contrato que permitirá avanzar en la construcción de una planta potabilizadora de 200.000 metros cúbicos diarios en la cuenca del río Santa Lucía, en las inmediaciones de Aguas Corrientes en Canelones.

La iniciativa había sido anunciada el pasado 18 de julio por el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño; el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; y el presidente de OSE, Pablo Ferreri. Se trata de un esquema que sustituye al fallido Proyecto Neptuno, firmado en la administración pasada y que preveía una planta en San José.

Con la nueva propuesta, la capacidad de producción de agua potable para el área metropolitana alcanzará los 900.000 metros cúbicos diarios, combinando la infraestructura actual de Aguas Corrientes con la futura planta. El objetivo central es blindar el abastecimiento de Montevideo y Canelones, zonas donde se concentra más del 60% de la población.

Inversión y competitividad hídrica

El gobierno busca que el contrato definitivo incorpore condiciones de inversión y financiamiento claras, además de parámetros ambientales exigentes para la cuenca del Santa Lucía. Si bien no se han divulgado cifras oficiales de la inversión, estimaciones iniciales indican que el costo de la obra superará ampliamente los 200 millones de dólares, lo que la convierte en una de las mayores apuestas de infraestructura hídrica de la última década.

Ortuño destacó que se trata de un emprendimiento "estratégico para garantizar la seguridad hídrica en un contexto de variabilidad climática", mientras que Ferreri sostuvo que la prioridad es asegurar "reglas claras y sostenibles" en la asociación público-privada.

De concretarse en setiembre, el acuerdo marcará un cambio en la política de agua potable del país, tras el intento fallido en Arazatí y el avance de la represa de Casupá.

El Frente Amplio (FA) apuesta a que este modelo muestre resultados en el corto plazo, tanto en términos de infraestructura como de confianza en la inversión. Sin embargo, desde la oposición reclaman mayor transparencia sobre los compromisos asumidos con el consorcio privado y advierten que las sucesivas prórrogas pueden dilatar la llegada de las obras.