¿Qué riesgos hay para el cumplimiento de las metas fiscales de este año?

El Consejo Fiscal Autónomo identificó factores que suponen riesgos de deterioro del déficit estructural y alertó sobre la necesidad de medidas compensatorias.

El Consejo Fiscal Autónoma identificó una serie de factores que ponen en riesgo el cumplimiento de las metas fiscales este año.

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que asesora al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) "en materia de política fiscal, evaluación de los riesgos a la estabilidad fiscal, sostenibilidad de la deuda pública y seguimiento de la regla fiscal"; identificó una serie de riesgos que podrían llevar a un deterioro del déficit estructural y al incumplimiento de las metas este año.

El escenario económico no viene siendo el más sencillo para el gobierno, sobre todo ante los múltiples factores de la coyuntura internacional que presionan el desempeño de la actividad local; y con un punto de partida de deterioro fiscal ampliamente comentado por las autoridades de la actual administración del Frente Amplio (FA). Con ese telón de fondo, el CFA —antes Consejo Fiscal Asesor— publicó su primer informe "sobre el cumplimiento de la regla fiscal en 2025 y las perspectivas macrofiscales".

Allí, entre otros puntos, el organismo integrado por Alfonso Capurro, Eduardo Fernández Arias y Jorge Roldós alertó sobre riesgos de incumplimiento de la meta fiscal este año, así como sobre la necesidad de prever las medidas de ajuste de gasto que resulten necesarias para evitarlo.

Riesgos macrofiscales que presionan el déficit en 2026

Para este año, el MEF fijó en la ley de Presupuesto una meta operativa de resultado fiscal estructural (RFE) del -4,0% del Producto Interno Bruto (PIB), consistente con un déficit primario estructural del 1,5% y una ancla de deuda neta de mediano plazo establecida en el 65% del PIB —el tope de endeudamiento se fijó en 25.115 millones de Unidades Indexadas (UI).

Sin embargo, "la trayectoria fiscal proyectada que sustenta el cumplimiento de la regla fiscal en 2026 y los años posteriores se encuentra sujeta a algunos riesgos macrofiscales", advirtió el CFA, tanto en el documento más actual como en su anterior informe, en setiembre de 2025, referido a las proyecciones incluidas en el entonces proyecto presupuestal quinquenal.

El primer riesgo identificado que podría llevar a un deterioro del déficit estructural en el corto plazo es un crecimiento menor al previsto en el Presupuesto, un escenario que ya se observó en el segundo semestre de 2025 y que incluso prevén que suceda desde el Comité de Expertos que asesora al MEF. Esto afectaría negativamente la recaudación de la Dirección General Impositiva (DGI), en cuyo aumento se basa la consolidación fiscal proyectada por el gobierno.

"El riesgo de una menor recaudación asociada a un crecimiento más débil de la actividad es motivo de preocupación. Además, en Uruguay se ha observado en el último quinquenio elasticidades de la recaudación a PIB que tienden a ser procíclicas, lo que puede amplificar desvíos en contextos de desaceleración como el actual. En este contexto, la eventual materialización de este efecto del nivel de actividad económica sobre la recaudación constituye uno de los principales factores de vulnerabilidad para el resultado fiscal de 2026", advirtió el CFA, que también apunta a la coincidencia del ciclo electoral —"históricamente asociado a mayores presiones de gasto y menor disciplina fiscal"— con la etapa de consolidación fiscal planteada por el MEF como una influencia negativa al RFE.

También se observaron riesgos en los ingresos asociados al mercado laboral: "Si bien la evolución de los cotizantes en el Banco de Previsión Social (BPS) fue creciente durante 2025, la recaudación del BPS enfrenta un escenario potencialmente menos favorable si el deterioro registrado en indicadores laborales relevados por el INE durante el segundo semestre de 2025 se traduce en una desaceleración — o eventual contracción— del número de cotizantes a la seguridad social", apuntó el informe.

En paralelo, una inflación y un tipo de cambio real menores a los previstos en la instancia presupuestal —como ocurrió en 2023 y 2024, un escenario que ya preocupa en el Banco Central del Uruguay (BCU)— podría reducir aún más el valor de las bases imponibles y, por esa vía, moderar el crecimiento de los ingresos estructurales, al tiempo que incrementaría el valor real de los gastos indexados —como pasividades y remuneraciones—, afectando adversamente al RFE.

"De materializarse estos riesgos, el balance estructural de 2026 podría deteriorarse en alrededor de 0,5% del PIB respecto a la meta de RFE de -4,0%", alertaron los especialistas que integran el Consejo.

Monitoreo y medidas de corrección

Ante estas perspectivas preocupantes, el CFA destacó la necesidad de "monitorear estrechamente los posibles desvíos que se vayan generando con respecto a los flujos fiscales presupuestados"; y, a su vez, de "prever medidas compensatorias de ajuste en cuanto sean necesarias". El objetivo sería evitar un incumplimiento de la meta de RFE durante el primer año de la nueva regla fiscal, así como reforzar la credibilidad del nuevo marco fiscal y reducir los costos de un ajuste más abrupto en el futuro.

Respecto de las medidas compensatorias eventuales, el organismo consideró prioritario el ajuste de gastos discrecionales, a partir de la consideración y la "evidencia empírica" de que los ajustes centrados en la contención del gasto corriente estructural tienden a ser más duraderos y menos contractivos que aquellos apoyados en un aumento de la carga tributaria.

Asimismo, el CFA insistió en la necesidad de incorporar mecanismos concretos que determinen cómo y cuándo implementar las correcciones contempladas en la nueva regla fiscal ante desvíos de las metas del RFE.