Con compensaciones que no son suficientes y un inevitable deterioro del ecosistema marítimo, el sector se mostró en contra de las prospecciones de Chevron.
La industria pesquera advierte por el impacto en el sector de las exploraciones offshore en Uruguay.
A la espera de las aprobaciones del Ministerio de Ambiente (MA), el buque encargado de las tareas de prospección –la búsqueda de yacimientos petroleros en alta mar– ya se encuentra en el Uruguay, mientras el sector pesquero denuncia graves afectaciones en el negocio, una experiencia que ya vivió en 2014, y por la que mantiene un juicio con el gobierno.
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"Estamos en contra de las prospecciones porque ya se hicieron en el Uruguay y sabemos el daño que produce y ya nos produjo”, aseguró, tajante, el presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU), Juan Riva-Zucchelli, en diálogo con Ámbito, en medio del inminente inicio de las tareas en el marco del contrato con Chevron.
El representante del sector recordó que se hicieron exploraciones parecidas hace 12 años, lo que derivó en un juicio con Ancap y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) que aún está en curso. “Se habían suspendido, hoy empiezan de nuevo y, por supuesto, seguimos en la misma posición de estar en contra”, aseguró Riva-Zucchelli.
El presidente de la cámara tomó como ejemplo las exploraciones de 2014 para explicar el daño que provocaron en la industria. Entre los efectos de las prospecciones y el tiempo en que tardó en regenerar el ecosistema marítimo –alrededor de cuatro años–, las estimaciones extraoficiales rondan los 83 millones de dólares, un valor que podría repetirse o incluso aumentar en las actividades exploratorias este año.
A pesar de ver un horizonte oscuro, Riva-Zucchelli destacó que lograron evitar que las exploraciones se lleven a cabo en momentos de zafra (entre mayo y octubre), aunque empezarían entre marzo y abril, afectándola de todas formas. Una movida que consideran un tanto ilógica, teniendo en cuenta que se comenzaría y suspendería tras solo dos meses de actividad.
“A nuestro juicio, después de venir de dos años de conflictos y paros en la pesca, no era necesario empezar cuanto antes, podrían haberlo hecho en noviembre y habernos dado un tiempo para discutir”, comentó Riva-Zucchelli, quien recordó los difíciles momentos que atravesó la industria, que derivaron en pérdidas millonarias.
Si bien consiguieron compensaciones por las consecuencias que generaría en la industria, aclaró que “uno no cambia deterioro por plata”. A pesar de las intenciones de indemnizar los daños, el presidente de CIPU cuestionó la falta de información y estudios. “Se pretende que después de dos meses de terminadas las prospecciones estén los resultados y es imposible, porque el daño dura mucho tiempo”, explicó.
A esto se le suma que las compensaciones irían solamente con los permisos A y C –que abarcan la merluza y otras especies– pero no para la B, que engloba a la corvina. “Sabemos que afecta porque las prospecciones anteriores se hicieron en un área parecida a la de ahora y afectaron a la especie”, comentó.
Los dos principales efectos que sufrió la industria en las primeras exploraciones –y que se volverán a repetir en caso de que les dé el visto bueno para comenzar– son, por un lado, la disminución de la captura y, por el otro, el cambio en los tamaños de la captura, que afectan directamente a la facturación y rentabilidad del sector.
La industria pesquera atravesó un 2025 complejo en medio de un conflicto salarial en época de zafra que le costó cerca de 42 millones de dólares, como así también pérdidas de puestos laborales y cierres de empresas. Hoy atraviesa un nuevo desafío frente a un negocio que compromete la fuente de su trabajo: el bienestar del ecosistema marítimo.
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