El gobierno avanzará en la recuperación de las patrullas oceánicas parcialmente construidas por el astillero español Cardama, luego de la decisión de rescindir el contrato firmado en la administración anterior.
La prioridad será determinar el estado de avance y definir si se continúa la construcción con otro proveedor.
El gobierno avanzará en la recuperación de las patrullas oceánicas parcialmente construidas por el astillero español Cardama, luego de la decisión de rescindir el contrato firmado en la administración anterior.
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El presidente de la República, Yamandú Orsi, afirmó que el Estado buscará trasladar esas estructuras al país, al considerar que forman parte de una inversión ya realizada. "Vamos a tener que llevárnoslo porque es nuestro", sostuvo el mandatario este lunes en rueda de prensa, en referencia a los avances de construcción que permanecen en el astillero ubicado en Vigo, España.
Orsi remarcó que el punto central ahora es determinar el valor real de lo construido y evaluar qué utilidad puede tener para el país. "Tenés depositada una plata que tenés que usar y sacarle provecho, veremos cuánto nos dan por eso", agregó.
El conflicto con Cardama se remonta al contrato firmado durante el gobierno anterior para la construcción de dos patrullas oceánicas destinadas a la Armada Nacional, en el marco de un plan de modernización de la flota.
Sin embargo, el actual Poder Ejecutivo resolvió rescindir el acuerdo al detectar problemas vinculados a las garantías contractuales, lo que generó incertidumbre sobre el destino de los fondos ya desembolsados y el avance físico de las embarcaciones.
La ministra de Defensa, Sandra Lazo, había señalado días atrás que se estaba analizando cómo recuperar lo construido. "Hay una inversión, veremos si la inversión que se hizo desde el Estado se condice con lo que tenemos allí", indicó.
En paralelo, el gobierno inició un proceso de evaluación técnica para determinar el estado real de las estructuras ya construidas y su eventual aprovechamiento.
El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, explicó que el análisis incluye contrastar lo ejecutado por el astillero con los informes disponibles y definir si es viable continuar la construcción a partir de ese punto. "Hay que ver lo que se construyó y si condice con los informes que tenemos y a su vez ver qué se puede hacer", sostuvo.
Más allá del conflicto contractual, desde el gobierno insisten en que la incorporación de patrullas oceánicas sigue siendo una prioridad estratégica para el país, en particular para tareas de vigilancia y control en aguas jurisdiccionales. En ese sentido, la administración de Orsi ya evalúa alternativas para completar el proceso de adquisición, incluyendo la posibilidad de recurrir a otros proveedores internacionales o continuar la construcción con otro astillero.
La decisión de rescindir el contrato generó cuestionamientos desde la oposición y el ámbito sindical. El dirigente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, advirtió que la situación refleja consecuencias de una "mala decisión", en referencia al manejo del acuerdo con Cardama.
El caso se perfila como uno de los primeros focos de tensión en materia de gestión de inversiones públicas de la nueva administración, con implicancias tanto fiscales como operativas.
Por ahora, el gobierno no definió plazos concretos para la recuperación de las estructuras ni para una eventual reanudación del proyecto. La prioridad inmediata pasa por cuantificar el valor de lo ya construido y definir el mecanismo más eficiente para su traslado o aprovechamiento. El desenlace del caso será clave no solo para la política de defensa, sino también como señal sobre la gestión de contratos internacionales y el uso de recursos públicos en proyectos de gran escala.
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