El Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en el que planteó la "imperiosa necesidad" de cubrir las vacantes existentes en la Corte Suprema de Justicia y en el máximo tribunal provincial.
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En el arranque de la feria judicial de invierno, el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires renovó su consejo superior y volvió a poner en la agenda la falta de nombramientos tanto en el máximo Tribunal local como en el nacional.
La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
El Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires emitió un comunicado en el que planteó la "imperiosa necesidad" de cubrir las vacantes existentes en la Corte Suprema de Justicia y en el máximo tribunal provincial.
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“La Corte Suprema funciona actualmente con tres de sus cinco miembros y la Suprema Corte provincial, lo hace con apenas tres de sus siete integrantes, en una desintegración sin precedentes en su historia, que compromete seriamente el servicio de Justicia”, indicó la entidad en su comunicado.
Para el Colegio, lo que debería tratarse como una emergencia institucional atendida sin dilación pasó a ser "un estado de cosas tolerado y peligrosamente naturalizado". En ese sentido, remarcó que este "debilitamiento deliberado y sostenido" de los órganos que encabezan el Poder Judicial tiene impacto directo sobre la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y la confianza de los ciudadanos en la Justicia.
Los letrados recordaron que el artículo 146 de la Constitución provincial le da al Poder Ejecutivo quince días desde que se produce una vacante para presentar los candidatos a cubrirla. Sin embargo, algunos cargos están sin nombramientos hace años y todavía no se sabe quién o quiénes podrían sumarse. "La cobertura de las vacantes de ambos Tribunales no es una facultad discrecional; constituye un deber constitucional que no puede quedar librado a estrategias políticas o conveniencias partidarias", cerró el Colegio.
El reclamo se suma a lo planteado a fines de abril por la propia Suprema Corte de Justicia Bonaerense, cuando su presidente, Sergio Torres, presentó un proyecto de autonomía presupuestaria y autarquía económico-financiera para el Poder Judicial que fue enviado a la Legislatura bonaerense, y aprovechó el acto para exigirle al Ejecutivo y al Senado que cubran de manera urgente las cuatro vacantes del tribunal.
"Los ministros que presidimos este acto, como pueden observar, somos tres, cuando debiéramos ser siete. Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado", arrancó Torres ante magistrados, funcionarios, representantes gremiales y universitarios. A su lado estaban el vicepresidente Daniel Soria y la jueza Hilda Kogan -los únicos tres integrantes activos del máximo tribunal- junto al procurador general Julio Conte Grand, jueces del Tribunal de Casación Penal, camaristas y representantes de la Asociación Judicial Bonaerense.
Torres fue tajante al reconstruir el estado de situación: la primera vacante data del fallecimiento del juez Héctor Negri en 2020, a la que siguieron la muerte de Eduardo De Lázzari en 2021, la jubilación de Eduardo Pettigiani y, más recientemente, la renuncia de Luis Genoud.
"Transcurrieron 2.292 días de la primera vacante y casi 800 desde su desintegración", precisó, y agregó que ese mandato constitucional "fue desoído en forma sistemática acumulando 152 incumplimientos". Sobre las consecuencias de funcionar incompleto, fue igual de directo: "Una corte incompleta limita la capacidad de conducción. Una corte integrada fortalece la institucionalidad. Postergar las designaciones es debilitar el sistema, avanzar en ellas es fortalecer el estado de derecho".
El proyecto de autarquía que presentó Torres en ese mismo acto contó con el respaldo de la Procuración General, el Colegio de Magistrados, la Asociación Judicial Bonaerense y los colegios de abogados de toda la provincia, además del aval de la Junta Federal de Cortes y los poderes judiciales de más de quince provincias.
Consultado sobre el reclamo por las vacantes, el gobernador Axel Kicillof había dado su versión el 8 de abril, al inaugurar el Polo Judicial en Olavarría: "Para eso necesitamos los votos en la Legislatura y ya vieron lo que nos costó sacar el Presupuesto, cómo es la situación con fuerzas de la oposición cambiantes y dispersas. Estamos viendo cómo reunir los consensos. Si no se consiguen las voluntades no se puede hacer".
En la misma línea, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, había señalado que el envío de pliegos al Senado "es una prerrogativa, es una potestad del gobernador, que lo va a definir de acuerdo a los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia".
El planteo de los abogados llega, además, en medio de movimientos parciales en otro frente de la Justicia bonaerense: el Senado provincial completó en los últimos días la integración del Consejo de la Magistratura, el organismo que designa y controla disciplinariamente a jueces y fiscales, al cerrar la vacante que le quedaba pendiente a la oposición con la designación de la marplatense María Cecilia Martínez, de La Libertad Avanza, como consejera suplente, tras varias semanas de disputa con el PRO por ese lugar.
Por el oficialismo, en cambio, restan cubrirse un segundo consejero titular y su suplente, ya que Fuerza Patria no cuenta con un cuarto abogado en su bancada del Senado para ocupar esos cargos, dado que ser abogado es requisito excluyente para integrar el Consejo.
Ese avance en la Magistratura, sin embargo, no tuvo correlato en la Corte: la negociación por los cuatro sillones vacantes del máximo tribunal sigue sin destrabarse, en un contexto en el que el Poder Judicial bonaerense arrastra alrededor de 300 vacantes sin cubrir en juzgados y fiscalías de todo el territorio provincial.