El presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Sergio Torres, presentó este martes un proyecto de autonomía presupuestaria y autarquía económico-financiera para el Poder Judicial que enviarán a la Legislatura bonaerense y exigió al Ejecutivo y al Senado que cubran de manera urgente las cuatro vacantes que tiene el tribunal.
28 de abril 2026 - 15:56
La Suprema Corte bonaerense exigió que se cubran sus cuatro vacantes y presentó un proyecto de autarquía financiera
El presidente del máximo tribunal, Sergio Torres, advirtió que llevan más de 2.200 días con el tribunal incompleto y acumularon 152 incumplimientos constitucionales.
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La Suprema Corte de Justicia bonaerense.
"Los ministros que presidimos este acto, como pueden observar, somos tres, cuando debiéramos ser siete. Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado", arrancó Torres ante magistrados, funcionarios, representantes gremiales y universitarios reunidos en el acto. A su lado estaban el vicepresidente Daniel Soria y la jueza Hilda Kogan -los únicos tres integrantes activos del máximo tribunal- junto al Procurador General Julio Conte Grand, jueces del Tribunal de Casación Penal, camaristas y representantes de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), entre otros.
Sin eufemismos, destacó que el tribunal lleva más de seis años incompleto, indicó que acumuló más de cien incumplimientos constitucionales, y "hoy debemos reclamar una vez más por la cobertura de las vacantes".
El estado de situación
Torres fue tajante al reconstruir el estado de situación. Las vacantes acumulan ya más de seis años: la primera data del fallecimiento del juez Héctor Negri en 2020, a la que siguieron la muerte de Eduardo De Lázzari en 2021, la jubilación de Eduardo Pettigiani y, más recientemente, la renuncia de Luis Genoud. "Transcurrieron 2.292 días de la primera vacante y casi 800 desde su desintegración", precisó Torres.
Para poner en contexto el número, Torres repasó la historia del tribunal: la ley orgánica de 1955 fijó originalmente siete ministros, en los '90 se amplió a nueve para responder al aumento de la litigiosidad, y en 2007 una nueva reforma retornó al esquema de siete integrantes, que es el que rige hasta hoy. "La cobertura de las vacantes en la Corte no es una cuestión administrativa ni de política menor", subrayó. "Es una condición institucional básica para garantizar el gobierno del Poder Judicial, la planificación estratégica y la adopción de decisiones estructurales".
El titular de la Corte provincial también recordó que el déficit de cargos no fue exclusivo del máximo tribunal: hace no tanto, las vacantes en todo el sistema judicial bonaerense llegaron a 700. Celebró, en ese marco, que en 2025 se realizaron 412 designaciones, y pidió que en 2026 se continúe esa política para cubrir las más de 200 vacantes aún pendientes. Aprovechó además para agradecer públicamente "a los magistrados, funcionarios y empleados" que sostuvieron el Poder Judicial durante esa crisis, agravada por la pandemia.
La Constitución provincial es explícita al respecto: el artículo 146 fija un plazo de 15 días desde que ocurre una vacante para que el Ejecutivo envíe una propuesta al Senado, y establece que se deben convocar sesiones extraordinarias si fuera necesario. Ese mandato, según Torres, "fue desoído en forma sistemática acumulando 152 incumplimientos".
Las consecuencias son operativas y también jurídicas. "La labor asignada para siete jueces hoy la realizamos tres", señaló, lo que obliga al tribunal a recurrir a la integración con magistrados de instancias inferiores -como el Tribunal de Casación Penal- para poder funcionar. En términos prácticos, el problema es aritmético: si el quórum y las mayorías se alcanzan con cuatro votos, pero el tribunal cuenta solo con tres jueces, nunca puede dictar sentencia por sí mismo. Para hacerlo, debe necesariamente completar su integración con un juez ad hoc. Ese proceso comienza por quien preside el Tribunal de Casación Penal y, si este no puede intervenir -por excusación, recusación o licencia-, se continúa con otros integrantes según el orden que corresponda.
Eso genera, explicó Torres, "mayor dependencia", demoras en la circulación de votos y mayor dificultad para alcanzar los cuatro votos requeridos para dictar sentencias definitivas. "Una corte incompleta limita la capacidad de conducción. Una corte integrada fortalece la institucionalidad. Postergar las designaciones es debilitar el sistema, avanzar en ellas es fortalecer el estado de derecho", sentenció.
Al cierre, el magistrado formalizó el reclamo: "Esta Suprema Corte de Justicia exhorta a los poderes constitucionales de la provincia de Buenos Aires, tanto el ejecutivo como el legislativo a través del Senado, para que se aboquen a la urgente cobertura de las vacantes y darles así a la provincia una corte integrada con sus siete miembros conforme la manda constitucional y las leyes vigentes".
El trasfondo político
El gobernador Axel Kicillof ya había dado su versión el 8 de abril, cuando inauguró el Polo Judicial en Olavarría y fue consultado sobre el tema. "Para eso necesitamos los votos en la Legislatura y ya vieron lo que nos costó sacar el Presupuesto, cómo es la situación con fuerzas de la oposición cambiantes y dispersas. Estamos viendo cómo reunir los consensos. Si no se consiguen las voluntades no se puede hacer", dijo el mandatario.
En ese marco, desde distintos sectores de la oposición plantean una mirada diferente y sugieren que, además de la dinámica legislativa, también inciden las negociaciones internas dentro del oficialismo. En particular, señalan que Kicillof deberá acordar nombres con el sector que conducen Cristina Kirchner -La Cámpora- y Sergio Massa -el Frente Renovador- para ocupar al menos dos de los cuatro asientos, mientras que los otros dos se distribuirían entre el radicalismo, el PRO y La Libertad Avanza.
La autarquía, una deuda constitucional
El segundo eje del acto fue la presentación del proyecto de autonomía presupuestaria. Torres argumentó que "no hay independencia real sin autonomía financiera" y que la dependencia del Poder Judicial del Ejecutivo para definir su presupuesto "ve inevitablemente condicionada su capacidad de decidir con imparcialidad".
Los números que aportó son ilustrativos: el Poder Judicial representa históricamente entre el 3,5% y el 4,5% del gasto provincial, con tendencia descendente en términos relativos; el 92% de ese presupuesto se destina a salarios, lo que deja un margen mínimo para infraestructura o tecnología; y la brecha salarial con el Poder Judicial nacional supera el 50% en promedio. "El problema del Poder Judicial no es el exceso de gasto sino su estructura rígida y la falta de herramientas para gestionar sus recursos", remarcó el juez.
El proyecto cuenta con el respaldo de la Procuración General, el Colegio de Magistrados, la AJB y los colegios de abogados de toda la provincia -un universo de cerca de 100.000 personas vinculadas al sistema judicial bonaerense- y el aval de la Junta Federal de Cortes (Jufejus) y los poderes judiciales de más de quince provincias. Se presenta en paralelo a una ley marco de negociación colectiva para el personal judicial.
"Solicitamos a la honorable Legislatura que acompañe esta iniciativa no solo como una reforma legal sino como una decisión de Estado orientada al presente y al futuro de la justicia bonaerense", concluyó Torres.
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