«Es la primera vez que se hacen obras tan importantes», aseguró Marcelo Fielder, secretario de Acción Política de la Sociedad Rural Argentina y auditor de las obras. La provincia de Buenos Aires es la más importante productora agropecuaria de la Argentina y sus tierras fecundas (de la misma extensión que toda Italia) se dedican básicamente al cultivo de soja, trigo y maíz, y a la cría de ganado bovino.
Muchos agricultores debieron abandonar durante años la actividad en las áreas afectadas, debido a que las inundaciones provocaron la pérdida de cultivos y de ganado. Además, otras zonas se vieron inutilizadas al quedar aisladas en medio de las aguas.
«Las crecientes (de agua) en los últimos 20 años fueron muy grandes y muy continuas. La mitad de mi campo estuvo entre dos y tres años bajo el agua», señaló Jorge Gallino, productor ganadero de tierras linderas del río Salado.
A la vez, la venta de los campos se veía dificultada porque la caída de la productividad generó una baja de los precios de las tierras inundadas, una tendencia que comienza a revertirse con el saneamiento del río.
El plan para combatir las anegaciones en el área del Salado comprende, además de la canalización del río, trabajos de drenaje y de retención de agua y la construcción de puentes y de otras obras de infraestructura. Las dragas extraen el lodo del fondo del río, para darle mayor profundidad, y lo depositan a los costados para rellenar grandes extensiones de tierra de baja altura.
El plan, cuya finalización en algunas zonas podría demandar hasta 10 años, atravesó inconvenientes desde su origen, cuando fue bosquejado, en la década de 1990. Luego del atraso de años que llevó la aplicación del proyecto, las obras se vieron nuevamente demoradas a partir de 2002 por impugnaciones a las licitaciones de los trabajos, que fueron encargados a empresas privadas.
Actualmente, algunos legisladores provinciales cuestionan el uso de los capitales públicos con que se financia el plan, que surgen de un fondo conformado por el gobierno nacional a partir del cobro de un impuesto especial a los combustibles.
Pero por el momento esas dudas no parecen poner en riesgo el proyecto.
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