La ganadería dejó de ganar $ 3.000 millones

El control de la inflación impuesto por el gobierno desbalanceó los esquemas productivos de la ganadería.

Haciendo una evaluación de los aspectos económicos relacionados con el sector agropecuario, no hay dudas de que el de la inflación es uno de los puntos más importantes por analizar.

Nuestro sector, por ser productor de alimentos, está directamente relacionado con los vaivenes de los precios.

Ahora bien, si consultamos la bibliografía sobre por qué pueden subir los precios de los alimentos, encontramos distintas alternativas con muchos puntos en común:

La política monetaria. Todo crecimiento conlleva una mayor circulación monetaria y la magnitud de tal circulación depende de los objetivos trazados.

Si la política monetaria es expansionista implicará, sin duda, una mayor demanda de bienes y servicios, presionando sobre sus precios.

La política cambiaria asociada a los altos valores internacionales. Presiona en dos direcciones; en una, a través de mayores exportaciones, aumentando la demanda; y en la otra, por la imposibilidad de importar alimentos, quitándonos la alternativa de incrementar la oferta en forma inmediata.

La falta de inversión productiva, que trae aparejado el no aumento de la oferta y hasta, en muchos casos, su disminución (no hay mejor herramienta para una mayor demanda que el aumento de la oferta). La inversión es directamente proporcional a la confianza y la certidumbre en el sistema.

Tomando en cuenta algunas de las razones del incremento de los precios de los alimentos, indiscutiblemente tenemos que analizar las herramientas a utilizar para neutralizar dicho aumento, que pueden canalizarse a través de un manejo monetario, económico o productivo. La realidad demuestra que toda herramienta de corto plazo debe ir acompañada de correcciones estructurales, por las que se aliente la mayor oferta o se desaliente la mayor demanda.

Si a la corrección la queremos hacer a través de presiones o modificando los índices reales, sin dudas nos vamos a encontrar con una solución coyuntural y con un problema en el futuro.

Esto, asociado a que a la política de precios no la puede manejar una persona utilizando un teléfono o una listita de precios desconociendo los caminos que nos trazan las realidades productivas, económicas o políticas del país, porque como decía un ex presidente: «La única verdad es la realidad».

Aceptando este proceder no sólo estaremos escondiendo una verdad, si no -al mismo tiempoalimentando el desajuste en los precios relativos entre los actores de la cadena, promoviendo concentración de la riqueza en ciertos eslabones de ésta y, por sobre todo, castigando a la producción primaria, con desaliento de la inversión productiva y obligando al consumidor a pagar más caro un producto que, se asegura, es más barato.

Cuando las entidades representativas del sector comenzaron la negociación con el gobierno nacional, lo primero que las autoridades resaltaron fue la importancia del índice de inflación. La cuestión no era que parte de la población tenía aún problemas económicos, sino que se había refinanciado parte de la deuda externa con bonos indexados con la inflación; más aún, la «dura herencia» dejada por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna era que, casualmente, «el vencimiento de los aquellos se daba en años electorales».

Reacción

Ante tal escenario, en el que por cada punto de inflación el país se endeuda en $ 1.200 millones, la reacción del gobierno fue crear el ámbito propicio para presionar y que haya el menor aumento inflacionario posible. Así, activó la Secretaría de Comercio Interior, desde la que se emplearon herramientas coyunturales como el control de precios, los llamados telefónicos y el manejo de las listas del INDEC en desmedro de la solución de fondo que, a no dudarlo, no sólo llevará tiempo, sino votos en un año electoral.

Cuando los especialistas hacen cálculos e indican que entre la inflación anual real y la inflación anual oficial hay seis puntos de diferencia, la primera conclusión es que el gobierno (a $ 1.200 millones por punto) se ahorró $ 7.200 millones con el manejo de los mercados y del INDEC.

Si nuestra visión empresaria fuera cortoplacista,enfocada tan sólo en un problema de endeudamiento y nuestro objetivo tan sólo de meses, supongo que si tenemos un empleado que hace este trabajo y con estos resultados, no tendremos dudas en apoyarlo; hasta lo alentaríamos a seguir en esta cruzada. Pero con este apoyo también debemos saber que el futuro de la empresa puede correr riesgo, ya que desalentar las producciones de estos bienes tan demandados implica no sólo tener una menor oferta, sino finalmente menos recursos para afrontar dicha deuda.

Por otro lado, si al análisis lo hacemos como país, supuestamente hubo un ahorro. Pero cuando al análisis lo hacemos disgregando los actores, encontramos que no existe tal ahorro, sino que los que perdimos «esa plata ahorrada» somos los mismos argentinos.

En primer lugar, son los inversores que apostaron por el país comprando los bonos. En segundo lugar, los dos extremos de la cadena: el consumidor, que sigue pagando mayor precio de acuerdo con la inflación real; y el productor agropecuario que dejó de percibir una masa monetaria sustancial al usar el gobierno la falsa hipótesis de que «si no aumenta el novillo en pie, no aumenta la carne en el mostrador» o «al no aumentar el trigo, no aumenta el pan».

Si tenemos en cuenta una producción de carnes de 3.400.000 de toneladas anuales y que para producirla necesitamos 6.000.000 de toneladas de animal en pie -56% de rindemultiplicadas por los $ 500 por tonelada que el productor recibió de menos en el año 2006 -$ 0,50 por kilo vivo-, el resultado final es que dejó de percibir $ 3.000 millones. En leche, dejó de percibir $ 0,10 por litro (por 10.000 millones de litros por año); son otros 1.000 millones. Por último, en trigo $ 80 por tonelada (por los 12 millones de toneladas cosecha en 2006/ 2007) resultan otros $ 1.000 millones, significando sólo en estos tres rubros una suma de $ 5.000 millones que quedaron en algún lugar.

La pregunta es: ¿dónde quedó este dinero? No hay otro lugar físico que no sea entre la parte de la cadena (industrialización y comercialización) que unen al productor de la materia prima y al consumidor final.

En este juego, mientras el gobierno dice haber ahorrado con estas «trampas» $ 7.000 por una menor inflación, el productor dejó de percibir $ 5.000 millones anuales, el consumidor pagó más caros los alimentos, los ahorristas e inversores tuvieron menos rendimientos y un grupo de «amigos» aprovechando este mecanismo, se quedó con la diferencia. Pero lo más dramático es que no se solucionó el problema de fondo, el de la inflación; más bien, diría que estamos en una situación peor que la de hace un año atrás.

Finalmente, si al análisis se lo hace en forma territorial y le sumamos a los $ 5.000 que dejó de percibir el productor los $ 1.200 millones por el aumento de las retenciones de la soja -u$s 400 millones-, la suma final que no fue al bolsillo del productor por este manejo de los mercados fue de $ 6.200 millones. Plata que en definitiva no recibió el «interior del país» y lo transfirió, sin duda, a los grandes centros urbanos.

Esto se potencia aun más, cuando la realidad nos demuestra que fue el pequeño y mediano productor -el que realmente vive en los pueblosel que tuvo que vender a bajos precios su producción, al no tener soporte económico. A lo cual sumamos que en muchos casos para vivir se tuvo que descapitalizar liquidando parte de sus rodeos -en Canals se vendieron dos tambos en un mesy siguiendo la teoría «que donde hay vacas hay gente», son muchas familias que en estos meses engrosaron la población urbana en desmedro de la rural.

Ante tal panorama, me pregunto: ¿quién ganó y perdió con este juego del gobierno?