«La política oficial de control de precios y mercados es intervencionista y restrictiva y no ha logrado los objetivos buscados por el Gobierno», sostuvo ayer el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luciano Miguens, y agregó que «la nueva gestión de Gobierno tiene la oportunidad de aprovechar el buen momento internacional».
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Durante una conferencia de prensa el dirigentese refirió a tres ejes: carne, leche y pan, -tres alimentos esenciales de la canasta básica-en los que el Gobierno de Néstor Kirchner «no ha adoptado las medidas adecuadas para generar un horizonte previsible que favorezca las inversiones», y por el contrario con las medidas implementadas ha «afectado y atentaron contra su producción a futuro».
A la hora de analizar el mercado de la carne afirmó que «en el último año y medio tuvimos un mercado acotado en sus precios. La ganadería enfrenta una profunda crisis, por eso creemos que ha llegado el momento de liberalizar el mercado», arremetió Miguens.
Luego, el dirigente se refirió al segundo eje de la política oficial que «afectó» la actividad agropecuaria: la leche.
Pelea por precio
«La actividad láctea ha crecido y hoy estamos peleando por un precio que permita cubrir los costos cuando podríamos discutir rentabilidad», afirmó el ruralista, al tiempo que opinó que la crisis lechera «no se justifica y si el Gobierno sigue tomando medidas equivocadas la lechería tenderá a desaparecer».
En el caso del pan, que depende de la producción triguera, remarcó que «la exportación está cerrada y que se han fijado precios que no tienen nada que ver con el mercado».
«El precio del pan depende en una tercera parte de la cosecha. De 15 millones de toneladas de producción sólo 4 o 5 compra la molinería para consumo interno, por eso las otras dos terceras partes podrían venderse a precios internacionales», evaluó el titular de la SRA.
«Ojalá estos tres puntos (carne, leche y pan) sigan significando rentabilidad para el productor, accediendo a precios internacionales y abasteciendo el mercado interno a precios razonables. No pretendemos privilegios ni subsidios. Sólo pedimos estímulos e incentivos que nos permitan ejercer con plenitud la alta competitividad que nos distingue» afirmó Miguens.
Como desafíos para el año entrante, distintas entidades representativas del campo se encuentran elaborando una agenda de trabajo, la «Agenda Agropecuaria» -que aún está en proceso de elaboración-, y proyectan presentársela a la presidente Cristina Fernández de Kirchner.
«El diálogo y la agenda son nuestras contribuciones como dirigencia para el avance en la resolución de cuestiones que no admiten ya mayor dilación ni mayor vacilación», arremetió el dirigente.
A su vez, enfatizó que «el pacto social propuesto por la Presidenta debe implicar un compromiso intersectorial, que trascienda la discusión de precios y salarios».
Es importante recordar que la actividad agroindustrial aporta más de 20% del PBI, 55% de las exportaciones, 40% de los recursos fiscales y más de 35% del empleo del país.
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