"¿Qué país estamos construyendo?"

Al analizar lo que está sucediendo en la Argentina con los mercados de nuestras materias primas agrícolas, en lo personal, estoy muy preocupado.

Cuando encuentro todos los «subsidios», cambios de reglas de los mercados, transferencias de dinero entre sectores y dentro de los mismos sectores como las diferentes alternativas productivas, me pregunto: ¿Qué país estamos formando? ¿Hacia dónde vamos?

Tal vez uno esté demasiado influenciado por distintas circunstancias que fuimos amasando a lo largo de la vida y estas realidades nos asustan pero -en definitiva-he elegido ser parte de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) porque nunca dejó de lado dos posturas fundamentales para el desarrollo agropecuario: la libertad de mercado y la defensa de la propiedad privada, principios que en estos momentos están debilitados.

No propongo que suceda como en la década de los 90, cuando teníamos un Estado completamente ausente, me parece que el Estado debe controlar, pero una cosa es controlar que no haya abusos, que haya transparencia, y otra es que se incentiven los abusos y la falta de transparencia.

El de la carne es un caso típico. El 6 de abril firmamos un acuerdo para mantener un precio razonable y estable para doce cortes de carne vacuna, vitales para la alimentación en la mayoría de los hogares argentinos; junto con ello estaba la posibilidad de utilizar muchas herramientas para llevar adelante el acuerdo.

Siempre sostuvimos que la compensación debía ser automática y que el gobierno tenía que hacerse cargo de controlar los precios de esos doce cortes, lo que podía hacer en las bocas de ventas o usando las ventas de los supermercados como referencia, de manera que el consumidor -al saber que en el supermercado vendían a esos precios- presionara a su carnicero para que éste los mantuviera.

Compensación

Planteamos la compensación de estos valores con los precios de otros cortes; si un ama de casa está dispuesta a pagar $ 10 por el kilo de lomo, que lo pague, y si quiere pagarlo $ 20, que lo haga.

Nuestra propuesta consistía en que no era posible subsidiar a quienes puedan pagar cortes caros; al contrario, los cortes caros debían subsidiar a los doce cortes.

El gobierno, en cambio, optó por otra herramienta; se dijo: «Si quiero mantener estos cortes a bajo valor, para no andar controlando hago la más fácil, que le paguen poco al productor el animal en pie y me aseguro que toda la media res no aumente». Y de esta manera aparecieron las listas en Liniers, los llamados telefónicos a los frigoríficos, los cierres de las plantas frigoríficas. En realidad, lo único que logró es que el productor no supiera dónde, a qué precio y a quién venderle sus animales gordos. En definitiva, únicamente generó desconfianza en los mercados, falta de transparencia (en Liniers se vende a $ 2,4 por kilogramo lo que en el interior se paga $ 2,8 por kilogramo) y, sobre todo, un gran desaliento productivo (el solo dato de pasar de 42% de la participación de hembras en la faena a 48% en un año nos dice todo).

¿Qué proponemos ahora? Lo mismo que antes: la liberación de los mercados y la compensación de los cortes. Si el gobierno quiere, por una política de Estado, subsidiar al consumo, que lo haga, empleando herramientas como la salida de planchada de los frigoríficos, donde -por un esquema de aumento del novillo en pie-se le pague un porcentaje del mismo (en forma no proporcional) para mantener el precio de los doce cortes.

De lo que estoy seguro es que no se puede subsidiar directamente al productor. ¿Por qué digo esto? Primero, porque hace más de cincuenta años que en todos los foros internacionales de comercio la Argentina ha reclamado la eliminación de los subsidios que hay en el mundo, dándoles competitividad forzada a productores de ciertos países en desmedro de otros, como los argentinos, que tenemos la posibilidad de hacer los alimentos y ahora bioenergía en forma muy competitiva.

Segundo, porque -en definitivano es un subsidio sino una transferencia monetaria dentro del mismo sector. La realidad nos demuestra que lo que hay que subsidiar aquí es el consumo y seremos todos los argentinos los que debamos asumir esta obligación, por lo que debe ser el Estado, mediante aportes genuinos, el que cumpla con este rol; todo aumento de impuestos, o la aplicación de nuevos gravámenes a un solo sector para cumplir con los subsidios, entra en la regla de la injusticia e inequidad.

Tercero, porque todo sistema proteccionista nos va despegando del mundo y nos convierte -a la larga-en ineficientes productivamente hablando.

Cuarto, porque nos convertimos en « subsidiodependientes». Si aumentan nuestros costos y nuestros ingresos dependen de lo que el Estado nos dé por su política de precios, cada cambio nos encontrará golpeando las puertas de Economía para que nos den más subsidios. Esto, sumado a la posibilidad de que un funcionario se levante de mal humor y teniendo en cuenta que sucedió tal o cual cosa pueda cambiar las reglas de juego con una simple resolución, le quita previsibilidad al sistema. Toda herramienta debe pasar por un mercado libre y transparente y que la compensación se haga en forma natural, con acuerdos entre la cadena o, en caso contrario, con subsidios al consumidor, usando una parte de la misma para implementarlos.

No hay dudas que hay casos, como el del trigo, en los que la intervención del Estado cambió completamente las variables y los actores están cómodos en su posición; la herramienta a utilizar debe ser otra. Los exportadores -en su mayoría-están comprados, quedando sólo los molinos como potenciales compradores, que ante la posibilidad de dosificar las mismas le quitó competencia al sistema, lo que hace imposible que el productor cobre el precio que le corresponde.

En este caso, en el que es imposible revertir la situación actual, producida por el manoseo del mercado, el subsidio debe llegar directamente al productor, cuestión que no es difícil dada la informatización que ya existe en la comercialización de granos.