A un mes de su debut, nadie utiliza la factura de crédito
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En teoría todas las transacciones de más de 500 pesos que se paguen a un plazo mayor a 30 días, deben efectuarse obligatoriamente con estos documentos. Como el régimen comenzó a regir desde el lunes 1 de julio, todas las operaciones realizadas luego de esa fecha que tengan un vencimiento posterior al viernes de la semana pasada y que superen el límite de los 500 pesos, tendrían que haberse efectuado con este instrumento. Sin embargo, no hay prácticamente ningún rastro en la economía real que demuestre que alguien usó estas facturas.
Sin embargo, este efecto no se produjo. La principal causa del momentáneo fracaso del sistema es que actualmente el plazo de pago actual, luego de la devaluación del peso, es de menos de 48 horas. Las operaciones a más de una semana de liquidación prácticamente son las mínimas y vinculadas a grandes compañías entre sí, o a relaciones comerciales entre empresas y clientes de muchos años de vigencia. Entre PyMEs y proveedores, la relación comercial posdevaluación es al contado. Según Vicente Lourenzo, contador de CAME, el poco uso de las FC se debe a que «no hay crédito en la Argentina», ya que «nadie espera 30 días para cobrar», ante el temor de perder el dinero en manos de la inflación.
Para el presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), Raúl Lamacchia, la aplicación del régimen es positivo y estaría bien reglamentado, pero «el problema de fondo es que en la medida en que los bancos no reconstruyan el crédito este instrumento está bastante limitado».
• Sin pedidos
Por el lado de las imprentas, las encargadas de confeccionar los formularios de estos instrumentos, prácticamente no recibieron órdenes para emitir las FC. Por ahora, las pocas empresas y proveedores que eligieron utilizar estas facturas, prefieren imprimir factura por factura desde la página oficial de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), antes de contratar una imprenta para que confeccione un formulario.
Como para dar una idea de la falta de fe que el propio gobierno tuvo en este esquema de FC, están obligadas a recibir las FC todas las empresas del país (salvo las actividades exceptuadas), pero no el Estado nacional, las provincias, municipios y el Gobierno Autónomo de la Ciudad de Buenos Aires.




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