La Administración Federal de Ingresos Públicos decidió intimar a todas las empresas que emitieron títulos de deuda. La razón: sospecha que varias colocaciones de esos bonos se hicieron para eludir el pago de impuestos (el «with holding tax») dado que quien emite títulos de deuda en los mercados de capitales no está alcanzado por ese gravamen.
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La postura de la AFIP generó fuerte preocupación, obviamente, en el ambiente empresario, por los importantes montos en cuestión. El organismo que dirige Alberto Abad basa su decisión en lo sucedido con la empresa Disco, que realizó una millonaria colocación de títulos de deuda en el exterior, pero que, en realidad, habrían sido comprados en su totalidad por su empresa matriz en Holanda. De esta manera, eludió el pago impositivo sobre los intereses.
Ahora la sospecha de la AFIP recae sobre cerca de 180 empresas que lanzaron títulos de deuda. Entre ellas, figuran las más grandes como Repsol YPF, Aluar, Telefónica, Telecom, Pérez Companc (Petrobras), Banco Hipotecario, Techint y AGEA (del monopolio «Clarín»). Ayer hubo intensas reuniones entre empresarios por este tema que por las fuertes multas que involucrarían a los afectados iniciaron gestiones ante el Ministerio de Economía para que aclare la postura de la AFIP y que distinga entre quienes recurrieron genuinamente al mercado de capitales para financiarse y los que, como sería el caso Disco, habrían utilizado la emisión de deudas para escaparse del pago de impuesto sobre los intereses.
Hay mecanismos -de todas maneras-a mano de las empresas para probar que hicieron operaciones financieras genuinas. Por ejemplo, la cotización y negociación diaria de los títulos de deuda en mercados, los datos del banco que participó en la colocación de esos papeles con nombres de los compradores, entre otros. Aun así, por los pagos en teoría adeudados a la AFIP y multas involucradas, el tema figuró al tope en la agenda de empresarios: para Aluar, por ejemplo -si es que realmente hicieron una maniobra de esta naturaleza-, serían $ 200 millones y, para Techint, $ 1.200 millones. En el mismo Ministerio de Economía hay diferentes posturas sobre cómo se está llevando a cabo la investigación, con casos donde realmente hubo autopréstamos, pero en otros casos donde se trató de financiamiento real en los mercados de capitales.
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