Clásico: piden ley de precios máximos

De la mano de las regulaciones bancarias, profundizadas por el gobierno de Eduardo Duhalde, su aliado político en la Capital Federal, Aníbal Ibarra, prepara su propia batería para estos tiempos de crisis: en este caso poner precios máximos, viejos conocidos por los argentinos, a más de sesenta productos de la canasta familiar que usa para sus mediciones el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La autoría del proyecto regulador es del diputado porteño Enrique Rodríguez, ex ministro de Trabajo de Carlos Menem -en tiempos de la desregulación de todo- y ex peronista del grupo de Gustavo Béliz. Consultado anoche por este diario, Rodríguez explicó que la intención es «defender los ingresos de los asalariados», razón plausible si las hay. Para este fin, Rodríguez informa en los fundamentos del proyecto que el desempleo afecta a dos millones y medio de argentinos. Cuando se le hace notar que los precios máximos que apruebe la Legislatura porteña sólo tendrán aplicación en la Capital Federal, recuerda que «hay 340.000 porteños en el límite de la pobreza», es decir con ingresos inferiores a $ 400 mensuales.

Pero no es la de Rodríguez la única iniciativa, aunque la de él está aprobada para tratarse sobre tablas. Los diputados nacionales Carlos Alessandri (PJ-Córdoba) y Omar Becerra (PJ-Tierra del Fuego) también presentaron un proyecto parecido en el Congreso. No para fijar precios máximos sino para directamente congelar los precios de los artículos de primera necesidad al 1 de febrero pasado. El interrogante que se plantea en este caso es ¿cuándo será aprobado por Diputados y por el Senado para que se convierta en ley?

Aunque nunca sirvieron para nada, salvo alentar mercados paralelos y desabastecimiento, los precios máximos propuestos alcanzan a productos como la docena de facturas (no aclara si hojaldrada, de grasa o manteca), el cuadril, el queso paté-grass, el dulce de leche, el frasco de mayonesa y las prepizzas, entre otros. En total no son una treintena, como afirmó Rodríguez -aunque firma al pie del proyecto y sus anexos-, sino 65 productos. «Debemos difundir que hay dispersión entre el precio de la góndola y lo que en realidad reza en la factura», aseveró enfático. La fijación de los precios tendrá como fiel de la balanza, según Rodríguez, «el promedio antes de la pesificación».

Seguramente será Ibarra quien tendrá la pesada tarea de imaginar la creación de una secretaría de precios máximos, donde un frepasista tendrá a su cargo buscar ese promedio, además de ser provisto de secretaria, tarjetas con el escudo de la Ciudad, teléfono, e-mail, fax, papel, escritorio, empleados a quien mandar y alguna subsecretaría para ofrecer a una fuerza política asociada al duro quehacer de la labor diaria municipal.

• Deterioro

«Es un disparate que no servirá para nada», disparó casi sin respirar el diputado porteño ucedeísta Julio Crespo Campos, que según Rodríguez es el único que se opondrá. Una actitud, la de Crespo Campos, que deteriorará su alianza original con Ibarra, pero que imagina halagará a los liberales porteños. «El oficialismo aliancista está de acuerdo», confió en cambio el ex ministro de Menem, quien agregó que «estamos discutiendo cómo vamos a instrumentarlos». Una coincidencia que se prolongará en la multitud de bloques y monobloques de la Legislatura que también buscarán defender a los asalariados porteños.

Es justamente a propósito de la aplicación y control de esta lista reguladora de precios, que el autor intelectual de la iniciativa afirmó que habrá organizaciones no gubernamentales «habilitadas para labrar actas de violación» de los precios máximos. Imaginadas mucho más eficaces que los centenares de inspectores que en las décadas del '40 y '50 hacía fotografiar Juan Domingo Perón saliendo del Ministerio de Trabajo portando gruesos blocks de boletas de infracciones, que tampoco pudieron entonces impedir que el costo de vida se encareciera.