Advierten a gritos que su situación no da para más recortes. Sin embargo, ante la creciente presión del Fondo Monetario Internacional (FMI), lentamente y a regañadientes, las provincias hacen números para cumplir con la exigencia de ajuste de 60% en el déficit local. Perezosas a la hora de aprobar formalmente su adhesión al último pacto fiscal, que postula ese tijeretazo, las provincias en cambio sí se apresuraron a aclarar, en la mayor parte de los casos, que no apelarán a la espinosa decisión de despedir a empleados públicos o bajar salarios. Un escenario complicado a la hora de bajar el gasto ya que, por caso, La Rioja tiene 89,2% empleados públicos cada 1.000 habitantes, llevándose buena parte de los recursos locales. Claro está que la consigna de ajuste aprieta en forma diferencial a cada una de las arcas provinciales. En algunas, la exigencia de recorte no representa apremio alguno. En rigor, San Luis planea tener superávit este año y paga sus sueldos al día. El panorama es diferente en otros estados provinciales, que hoy caminan por la cornisa. En Entre Ríos, por ejemplo, el gobernador Sergio Montiel desafía al FMI y reclama desesperadamente a la Legislatura que le apruebe una nueva emisión de bonos federales. Con un atraso salarial de varios meses, el radical no parece pensar en un fuerte ajuste. La imposibilidad de acceder a un mayor financiamiento, la caída de la recaudación provincial y la desaparición del piso de coparticipación federal -que, alegan, en marzo les representó 31% menos de ingresos desde las arcas nacionales- son sólo algunos de los argumentos que utilizan los gobernadores para justificar sus dilaciones a la hora de ajustar. También dicen no poder soltar el salvavidas salvador de la emisión de bonos provinciales, que funcionan como cuasimonedas para el pago a estatales y a proveedores. Un sondeo realizado ayer por Ambito Financiero sobre las provincias arrojó el siguiente panorama:
El frente de conflicto de San Luis está, en cambio, en la disputa que mantiene con Nación por los 234 millones de dólares atrapados en un plazo fijo en el Banco Nación.
La provincia piensa emitir un bono, el San Luis, no para pagar sueldos y a proveedores sino como «moneda» alternativa.
Dejá tu comentario