Se sancionó y promulgan hoy la ley de que un juez puede disponer un amparo pero no concretar su cobro porque se necesita «sentencia firme» y haber comunicado antes la medida al Banco Central. No faltará el juez que disponga que la ley es «anticonstitucional» y deberá intervenir la Corte Suprema. Ayer se dijo que hoy saldrá promulgada en el Boletín Oficial, tras haber analizado que habría que vetarla toda o al menos dos artículos. Los abogados -que a veces exigen demasiado- dicen que podría ser anticonstitucional pero un constitucionalista como Gregorio Badeni, consultor de la Corte, dijo ayer a este diario que «es constitucional, con algunos puntos grises que puede salvar fácilmente el juez en sus fallos». Pero los jueces están empeñados en «castigar a bancos, principalmente extranjeros» con amparos en grandes montos. El Banco Río y el BankBoston recibieron amparos para saldar por 33% del total de los presentados contra el sistema financiero. Y ambos bancos no reúnen 15% del total de los depósitos del sistema. Obvia sospecha de parcialidad.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
Pero, aparte de eso -y quizá lo más grave-, es que esa ley no basta porque es sólo para el Fuero Federal. Cada provincia deberá disponer su propia Ley de Procedimientos, similar a la nacional, porque la Constitución nacional le prohíbe a la Nación entrar en aspectos procesales de las provincias que no han delegado esa acción. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el recurso contra una medida cautelar dispuesta por un juez provincial tiene carácter devolutivo, aun cuando se haya presentado un recurso de amparo y no esté resuelto. Los amparos que se hayan presentado en provincias al Fuero Federal no dan derecho a devolución inmediata de los ahorros por vigencia de la nueva ley sancionada. Pero si se presentaron a los contenciosos administrativos provinciales, pueden avanzar.
En medios políticos -principalmente del Congreso-, el comentario ayer era que tras estos alborotos se pedirán varios juicios políticos a magistrados. En todos los sectores -por si le faltaran males a la Justicia- surgen comentarios sobre que podría haber negociados entre funcionarios, abogados y oficiales de Justicia.
Con los amparos concedidos no se beneficiaron los más pobres con depósitos retenidos de 4.000, 10.000 o 25.000 dólares. Por el porcentaje profesional a cobrar, no les interesaba a los abogados operar por montos del «corralito» menores a los 50.000 dólares por las «dificultades» -aunque no aclaraban en qué consistían-de los presuntos clientes para efectivizar el cobro. Aparte, los muy pequeños ahorristas, los caceroleros, ni conocen abogados para reclamos. Por eso se plantea que el Estado actúe (ver nota «Gobernadores y Senado...» en esta página).
El 90% de las cuentas del sistema bancario está por debajo de 30.000 dólares. Pero el promedio de los amparos concedidos y cobrados da 38.000 dólares (hubo una devolución de 6 millones, entre otras muy grandes), lo que muestra que nunca se beneficiaron los más necesitados de esos ahorros por sus peque-ños montos. En Capital Federal, distintos abogados lograron y jueces concedieron efectivizar 11% de los amparos presentados en una ciudad de 3 millones de habitantes. Pero es anormal que Necochea, en la provincia, con sólo 60.000 habitantes y muchos menos depósitos, haya logrado efectivar 5%. El Chaco -fundamentalmente desde el pueblo de Sáenz Peña- tiene 7 veces más juicios de amparo ganados por «corralito» que Córdoba. En la noche del miércoles, mientras el Congreso sancionaba la «ley antigoteo», ávidos oficiales de Justicia con cerrajeros violaban las puertas de bancos en procura de fondos, inclusive en horas nocturnas, y se apresuraban antes de que saliera la nueva ley. Sedes de los bancos Río, Citibank, Provincia (en sede central), Bansud, fueron violadas en sus puertas de acceso con sopletes bajo la sorprendente severidad de oficiales de Justicia con mandatos. ¿Y los daños efectuados? En España el juez Baltasar Garzón -juez serio- ordenó embargos sobre un partido político vinculado a la ETA por los daños ocasionados a instituciones con bombas, aparte del hecho penal en que incurrieron sus autores. Aquí, por un celo exagerado de jueces, se atenta impunemente contra bienes privados.
No se debería olvidar que la acción del Scotiabank en Bolsas internacionales aumentó cuando anunciaron su cierre en la Argentina (ver nota en página central). ¿Pretendemos aquí quedarnos sin bancos y volver al régimen de trueque de productos como en la Edad Media?
Por segunda vez, ayer empleados del Banco Credicoop -más solidarios por ser entidad cooperativa- enfrentaron y rechazaron a un oficial de Justicia y policías, poco entusiastas en acompañarlo, que querían llevarse fondos por amparo. Lograron impedirlo. El primer desafío para los gobernadores es grande tras haber suscripto un documento tan contundente de 14 puntos: tendrán que lograr con suma urgencia en sus Legislaturas modificaciones a la Ley de Procedimientos en cada provincia o el «goteo» no se para.
Dejá tu comentario