Dicho de otra forma, las empresas privatizadas están pidiendo una definición del gobierno para un ajuste inmediato de la tarifas, lo que se contrapone con la pretensión oficial de postergar, por lo menos hasta julio, un eventual aumento.
El caso MetroGas demuestra, además, las consecuencias que podría tener el criterio de legisladores y asociaciones de consumidores de que no puede haber más aumentos de tarifas, y que las empresas deben absorber la pérdida actual por lo que ganaron en el pasado.
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