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No es tan anormal, en cambio, si se lo mira desde países como el nuestro, coincidentes sólo a veces con la racionalidad. Aquí el 30 de enero de 2002 se sancionó una ley de quiebras tan absurda que el mismo Congreso debió anularla y votar otra, dotada de lógica, 105 días después, el 15 de mayo de 2002.
Sancionamos esa aberración jurídica, como era el contenido de la primera ley de quiebras durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde, sólo para contemplar el endeudamiento de un grupo periodístico monopólico local que exigió al gobierno que los capitales extranjeros fueran iguales al momento de prestar a empresas argentinas. Pero no cuando quisieran cobrar sus acreencias.
La sustituyeron, frente a la reacción internacional, porque ninguna empresa argentina iba a tener un préstamo o una compra financiada desde el exterior en esas condiciones.
Decidieron entonces -gobierno y Congreso- cambiarla con la sustitutiva «ley cultural» que significó que sólo fueran sacrificadas con esas mutilaciones las empresas nacionales «culturales» como los diarios, que es a los que está destinada la nueva norma hoy vigente.
Después nos preguntamos, más allá de indignidades personales que las hay con cualquier otra circunstancia, el porqué del oficialismo de la prensa argentina financieramente ahogada sin crédito externo para beneficiar a un monopolio que, obviamente, es cabeza de esa obsecuencia.
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