Por si faltasen testimonios sobre el estilo que quiere imponerle Eduardo Duhalde a su gestión, ayer se conoció el texto de un decreto «emblemático» digno de aquel monarca español Felipe II, tildado por la historia como el «rey papelero» ya que respondía en persona a todas las cartas del reino (en su tiempo el más grande del planeta).
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Se trata de una orden para que todas las designaciones, asignaciones de funciones, promociones y reincorporaciones de personal de toda la administración pública, incluyendo la centralizada y la descentralizada de personal permanente y temporaria lleven la firma del Presidente.
Duhalde no fue elegido presidente como los demás de los turnos constitucionales de la Argentina sino que lo designó el Senado y ahora busca analizar todas las nominaciones de su gobierno que, sin abrir las compuertas a que obliga la austeridad, se cuentan por centenares cada día.
El Decreto 491/2002 alude a la necesidad de controlar los actos de gobierno, una presunción sobre la capacidad de sus predecesores para hacerlo. Para eso, deroga parcialmente un decreto de Raúl Alfonsín que en 1985 trasladaba esas minucias burocráticas a ministros, secretarios y subsecretarios de Estado y jefe de la Casa Militar.
La norma busca acentuar la eficiencia de los actos de gobierno, quizás evocando otras firmas del propio Duhalde cuando era vicepresidente de la Nación con Carlos Menem y nombró al polémico Ibrahim Al Ibrahim, esposo entonces de Amira Yoma e investigado en misteriosas trapisondas de Estado de hace una década.
•Efecto contrario
La concentración de funciones, sin embargo, no asegura la eficiencia. ¿Podrá el presidente designado darle agilidad a su despacho de tantas designaciones? Conociendo el caviloso análisis que concede a cada firma, es seguro que producirá un efecto contrario. La administración del Designado lleva dos meses sin nombrar al secretario de Obras Públicas de la Nación pese a que ya se negocia con servicios privatizados. Ha llegado también a nombrar y desnombrar con 48 horas de diferencia a un secretario de Transportes (Elio Cipollati) sin dar explicaciones. No es seguro que con esta máxima concentración de facultades el Presidente evite esos bochornos de firma; menos edificante es el mensaje de desconfianza que transmite a sus funcionarios.
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