Quieren quita de 60% en la deuda externa
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«Si nosotros propusiéramos a criterios de valor presente que vamos a pagar 60% de la deuda ya sea por una baja de interés o por una reducción de capital, o una conjunción de ambas, hoy en día nadie creería eso», dijo. «Y eso, aunque se aceptara inmediatamente, resultaría en una depreciación en el valor de los títulos nuevos que se canjearían por los títulos viejos», añadió.
• Hay que clasificar la deuda en dos fases: la primera es aquella deuda ya renegociada, que fue pesificada al tipo de cambio de 1,40. La segunda es la que resta por renegociar con los acreedores internacionales. El peligro que la división trae aparejado es el trato desigual en que podría incurrirse, y que generaría infinidad de juicios, los que el gobierno está empe-ñado en evitar.
• Todavía resta reestructurar una deuda de 50 mil millones de dólares, que significa la mitad de la deuda con el sector privado.
• Los acreedores internacionales pueden clasificarse en: a) individuales: son los tenedores de títulos públicos, los cuales se encuentran concentrados mayor-mente en Italia (alrededor de 200 mil personas), Japón y Ale-mania; b) institucionales: entre ellos debe distinguirse a la vez a los «inversores institucionales» de los «inversores oportunistas».
• Mientras se espera el inicio de las negociaciones con el FMI, el gobierno está tomando algunas medidas. En primer lugar se busca establecer una serie de mecanismos legales de protección, entre los que figura el asesoramiento del estudio jurídico más importante de los Estados Unidos en temas de default. Este estudio está contratado por la Argentina desde el año 1989.
• El gobierno busca dar una imagen de transparencia dando a conocer públicamente quiénes son los encargados de todas las negociaciones, entre ellos el propio Barry y el ministro Remes Lenicov. Además se planea realizar una ronda de acreedores durante la que el gobierno se encargue de escuchar y no dictar clase, explicar qué sucede en la Argentina, explicar qué cosas la Argentina no hará de ninguna manera y asegurar que se pagará a todos los acreedores. Es decir, que el gobierno intenta crear un sistema de comunicación transparente con los acreedores.




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