15 de abril 2002 - 00:00

Si derogaran Ley de Quiebras, el país lograría u$s 5.000 millones

Hoy Remes Lenicov se entrevistará con Anoop Singh, del FMI, para sellar -aunque sea de manera preliminar- el acuerdo. La clave del entendimiento será discutida con Duhalde minutos antes: la derogación total de la reforma a la Ley de Quiebras, llamada «ley Clarín», aprobada por el Congreso en enero. Le reclamarán a Singh un desembolso de u$s 5.000 millones, adicionales a los u$s 9.000 millones para pagar vencimientos de deuda con organismos. «La mejor estrategia para que no haya quiebras es reactivar, no apartar al país de las reglas del mercado; para ello solicitaremos un auxilio adicional», explicó ayer un alto funcionario de Economía. La presión del monopolio «Clarín» es muy fuerte. En su edición de ayer, el diario recomendó lisa y llanamente que no se acuerde con el Fondo. Pero lo más impresionante fue que trascendió que desde ese grupo empresario se le reclamó al gobierno, la semana pasada, un aporte de u$s 800 millones que deberían salir de las reservas del BCRA y «dibujarse» a través de un redescuento a algún banco. Se rechazó esa pretensión, que significaría nada menos que la nacionalización del caudaloso pasivo que pesa sobre el monopolio de las familias Magnetto/Noble.

A las 17 de hoy se realizará la reunión decisiva entre Jorge Remes Lenicov y Anoop Singh, el responsable del Fondo Monetario Internacional para la operación argentina. Si bien la negociación con el organismo multilateral está referida a una agenda amplia, el nudo gordiano quedará al descubierto en la reunión de esta tarde: el ministro prometerá a Singh que la reforma a la Ley de Quiebras quedará derogada totalmente pero reclamará un aporte internacional de dinero «fresco» por u$s 5.000 millones adicionales a los u$s 9.000 millones para saldar las propias deudas que tiene el país con los organismos internacionales. Con un guiño informal del funcionario, Remes piensa viajar a los Estados Unidos el miércoles y discutir en la reunión primaveral del Fondo los términos de un acuerdo definitivo que la conducción de esa institución debería formalizar a mediados de mayo.

La mayor resistencia que el gobierno debe enfrentar en estas horas para conseguir la aprobación internacional de su política no proviene de las provincias, tampoco del Congreso, ni siquiera del sindicalismo. La piedra en el camino es el monopolio «Clarín», que ha presionado como nunca a los legisladores para que eviten la derogación lisa y llana de una Ley de Quiebras que no en vano lleva el nombre del grupo. A tal punto las gestiones de este holding empresario se han vuelto agresivas que el canciller Carlos Ruckauf expuso la semana pasada, ante un encumbrado empresario español que lo visitó, el problema del gobierno en estos términos: «El único drama que tenemos para acordar con el Fondo es 'Clarín' y la Ley de Quiebras. Pero los muchachos de 'Clarín' deberán entender que sin un arreglo con el Fondo no podemos seguir adelante».

• Exigencia

En efecto, a través de sus encargados de relaciones públicas, el holding de las familias Magnetto/Noble exigió a los parlamentarios que no se reponga en la norma la figura del «cram down», eliminada por la ley aprobada en enero. Es la cláusula que establece que los acreedores pueden hacerse cargo de las empresas endeudadas para garantizar su supervivencia. Jorge Rendo, el jefe de lobbystas del monopolio, explicó el miércoles a los diputados y senadores que forman la comisión encargada de proyectar un nuevo texto para Quiebras ( Jorge Matzkin, Miguel Angel Toma, Miguel Pichetto, Horacio Pernasetti, etc.) las condiciones de su empresa: que el «cram down» rija sólo a partir de marzo próximo y que el período durante el cual se prohíben las ejecuciones se reduzca de 180 a 120 días.

Hasta el jueves por la mañana, ese pliego del monopolio parecía tener aceptación en el Congreso e, inclusive, en el gabinete. Pero en la tarde de ese día, Singh expuso delante del equipo económico el modo de ver el problema que predomina en el resto del mundo: «La seguridad en los contratos entre deudores y acreedores es una condición básica de las economías de mercado, lo que las distingue de una economía que no se sabe adónde quiere ir. Yo le puedo admitir -dijo mirando a Remes- que el superávit fiscal primario sea de 1,4% del PBI y que ustedes alcancen solamente 1%. Pero lo que no puedo admitir es que no haya superávit primario porque eso significa que carecen de vocación para pagar la deuda. Lo mismo sucede con el 'cram down'». Nada novedoso para los hombres de Duhalde: ya Claudio Loser, el antecesor de Singh, había redactado un memorándum reclamando formalmente el veto total de la ley «porque agrede la cultura del crédito en la Argentina».

Singh abonó el mismo criterio y explicó también, por si hiciera falta, cómo trata el capitalismo el problema de las empresas con quebrantos insoportables, tipo «Clarín». «Si la empresa es inviable, no debe ser subsidiada y si es viable, entonces quebró por mal manejo en su conducción y debe cambiar de manos», razonó el funcionario del Fondo.

Esta lógica será expuesta hoy ante
Eduardo Duhalde, durante una reunión reservada que tendrá con su ministro de Economía. Será el Presidente quien defina lo que se hace en relación con la Ley de Quiebras. No necesita que le informen la inquietud que ha ganado al monopolio «Clarín» por esta cuestión. En su edición de ayer, el diario denosta a Remes Lenicov por querer derogar su ley y expone en varias notas su principal argumento: si el gobierno acuerda con el Fondo entregará las empresas nacionales a manos extranjeras.

Sin embargo, tanto en Olivos como en Economía anoche se reiteraban razonamientos similares: «Las empresas exportadoras con mucha deuda externa tienen la posibilidad de hacer frente a sus compromisos con las divisas provenientes del comercio internacional; en el caso de las privatizadas, tienen la posibilidad de renegociar con sus casas matrices para que sean ellas las que las respalden;
el problema principal lo tienen las empresas de bienes no transables muy endeudadas y para ellas la única salida es que haya una recuperación rápida de la economía del país, lo que es impensable si rompemos con el Fondo». Este será, palabras más o menos, la explicación que Remes realizará hoy en el despacho del Presidente según trascendía anoche en su cartera.

• Reclamo

El razonamiento del ministro desemboca en el reclamo que le hará hoy a Singh: «Si el Fondo no quiere aislarnos políticamente para que nos acusen de que queremos entregar el país con la Ley de Quiebras ustedes deben ayudarnos con la reactivación y hacer un aporte de dinero fresco». En el planteo de Remes se supone que ese organismo destrabará un aporte de u$s 5.000 millones que se destinará a la prefinanciación de exportaciones o a un plan de reactivación por aliento a la obra pública y la construcción de viviendas.

Duhalde está al tanto de la encrucijada que se abre delante de sí: deberá deshacer un compromiso que él mismo asumió frente a
Héctor Magnetto, la cabeza de «Clarín», el día en que asumió la Presidencia. El trato consistió, sencillamente, en aprobar una reforma a la Ley de Quiebras que salve al grupo. Ese pacto sería costosísimo ahora para el país y por eso ni siquiera los parlamentarios más proclives a satisfacer al monopolio están dispuestos a llevarlo adelante. Por eso ya no se escucha la excusa que fue habitual hasta ahora: « Votamos así sobre Quiebras porque Duhalde lo pidió».

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