Tres provincias deben hacer 64% del ajuste que pide el FMI

Casi 65% del ajuste que reclama el Fondo Monetario Internacional sobre las arcas del interior se concentra en sólo tres provincias.

Según datos que se desprenden del boletín semanal «Economía & Regiones» que dirige Rogelio Frigerio, de la torta total de exigencia de ajuste, 51% del esfuerzo corresponde a Buenos Aires. Más lejos, en segundo y tercer lugar, se ubican las no menos importantes, Santa Fe (7%) y Córdoba (6%).

«El FMI logró finalmente incluir, entre sus condiciones, metas fiscales que abarquen las cuentas del Estado nacional y las del conjunto de provincias. En este sentido, la meta de performance fiscal para el corriente ejercicio consistiría en la obtención de un superávit primario para el consolidado Nación-provincias de 1,3% del PBI», señala el boletín.

El informe señala que «entre las condiciones del FMI para aprobar el acuerdo se destacan algunas con fuerte incidencia en las finanzas provinciales:

• Cumplimiento estricto del último acuerdo con los gobiernos provinciales: reducción del déficit a 40% de los niveles de 2001, y alcanzar el equilibrio fiscal en 2003; nueva ley de coparticipación de impuestos antes de diciembre 2003 que contemple los principios del último acuerdo (eliminación de garantías y transferencias a las provincias que acompañen el nivel de recaudación).

• Detener la emisión de las cuasi monedas provinciales (bonos) para el financiamiento del déficit 2002.

«El FMI estaría dispuesto a financiar a las provincias hasta $ 2.000 millones (aproximadamente u$s 700 millones), equivalentes a 40% del déficit del consolidado provincial estimado en su oportunidad para 2001. Para alcanzar esta meta, las provincias deberán reducir el déficit en $ 3.300 millones respecto de 2001. En función de que la caída en el nivel de actividad provocará una disminución de los ingresos provinciales esperados para este año, este resultado debe alcanzarse exclusivamente a partir de reducciones en el gasto primario», señala el boletín.

Más adelante, la publicación dice que «el gasto primario del consolidado provincial se estima para 2002 en $ 32.400 millones, unos $ 450 millones menos de lo que se habría ejecutado en 2001. Para arribar a la meta fiscal pretendida por el FMI, el ajuste en el gasto primario que deberían realizar las provincias en el corriente año tendría que superar, según estimaciones propias, los $ 2.900 millones».

«Si se supone una tasa de inflación anual de 50% (que afecta el gasto en bienes y servicios corrientes y de capital), congelamiento de salarios y jubilaciones, en el caso de las provincias que no transfirieron su caja de previsión, un tipo de cambio de $ 3 por dólar para los intereses de la deuda externa (con organismos multilaterales, bilaterales y títulos públicos con cotización en el exterior), el déficit estimado para el consolidado provincial alcanzaría los $ 5.300 millones en 2002 (1,8% del PBI)», agrega.

Más adelante el informe señala que:

• Las variables de ajuste endógeno se reducen en principio a tres: Personal, Bienes y Servicios y Gasto de Capital. Se excluyen las trasferencias debido a que gran parte de éstas está vinculada automáticamente con los ingresos.

• El ajuste en los gastos de capital es de carácter marginal, porque los sostenidos recortes a lo largo de los últimos años en ese rubro han dejado poco margen para seguir ajustando.

• En lo que respecta a los bienes y servicios no personales, el ajuste que se pueda llegar a realizar será neutralizado por el aumento en el precio de los insumos, principalmente de los destinados a los hospitales (medicamentos y material hospitalario) y al funcionamiento de oficinas.

• Por lo tanto, el ajuste en personal representa la única variable de relevancia para alcanzar la meta de reducción del déficit. Este gasto puede achicarse por dos vías: precios (salarios) o cantidad (número de agentes). La primera implicaría una reducción de salarios del orden de 20% en el conjunto de provincias y, si se decide suspender el pago de aguinaldo ($ 1.430 millones), la reducción salarial necesaria sería de 8%. Bajar la cantidad de empleados públicos en las actuales circunstancias del país aparece, desde el punto de vista político y social, prácticamente inviable.

• El gasto en personal es el de mayor importancia, ya que representa 52% del total y además el único que muestra un sendero de expansión relativamente sostenido en los últimos años (a partir de la transferencia de los servicios de educación y salud desde el gobierno federal hacia las provincias).

• En este punto se debe tener en cuenta que un porcentaje importante del incremento salarial lo constituyen los denominados «incrementos automáticos». Como su nombre lo indica, éstos implican aumentos en las remuneraciones que se dan como consecuencia únicamente del transcurso del tiempo y por distintos conceptos que terminan asimilándose con el anterior, como ser: adicional por categorización, adicional por actividad sanitaria, adicional por permanencia en obra, entre otros.

• En los últimos tres años, todos estos conceptos generaron un incremento anual de 2 por ciento del gasto en personal del consolidado provincial, lo que se traduce en un incremento significativo del salario de bolsillo del sector público en general, frente a la caída de los salarios del sector privado.