Allanan estudio de Dromi en causa contra De Vido

• LO DISPUSO CLAUDIO BONADIO EN BUSCA DE DOCUMENTOS SOBRE COMPRA DE GAS

La Policía Metropolitana asistió ayer al allanamiento que ordenó el juez Claudio Bonadio al estudio del exministro Roberto Dromi.

El juez federal Claudio Bonadio ordenó ayer un allanamiento a las oficinas del exministro menemista de Obras Públicas Roberto Dromi, en el marco de una causa en la que investiga a Julio De Vido. Tras haber llamado a indagatoria para el 21 de abril al exministro de Planificación Federal en la causa por la tragedia de Once, el juez avanzó en otro expediente contra el exfuncionario en el que se busca determinar si existieron irregularidades en torno a la compra de gas natural licuado (GNL) en el año 2014.

El estudio jurídico y consultora de Dromi -ubicado en la avenida Córdoba al 1200, a metros del Palacio de Justicia- fue allanado por personal de la Policía Metropolitana en busca de documentación relacionada con la operación sospechada. La causa lleva el número 104.567/14 y está caratulada "De Vido, Julio y otros, sobre asociación ilícita". La denuncia original fue presentada en octubre de 2014 por los entonces diputados del PRO Laura Alonso, Federico Pinedo y Patricia Bullrich. Bonadio ya investigaba al exministro por las importaciones de gas durante 2009 .

La adquisición habría sido a un barco con GNL desde Rusia, pero que nunca llegó, pese a que se habrían pagado millones de dólares. En esta investigación, previamente se habían hecho operativos en la sede del Ministerio de Planificación Federal, YPF y Enarsa. Bonadio los dispuso al día siguiente de haber sido apartado de la causa Hotesur.

El año pasado, el fiscal federal Carlos Rívolo imputó también a De Vido por presunto fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público tras la compra de un barco con gas natural licuado contratado por la empresa estatal de energía Enarsa. Esa compra fue en agosto de 2008 y se firmó un contrato con la firma española Contrater Consulting, una compañía sin antecedentes en el sector energético y que estaba intimada por el Registro Comercial de Madrid por mantener una situación irregular.

Este negocio habría significado un pago de cerca de u$s 57,3 millones por parte de la estatal para con la compañía española, dinero que habría sido transferido desde el banco Macro a una cuenta en Suiza.

De Vido sostuvo en su defensa que el 29 de septiembre Enarsa ordenó al banco Macro dar de baja la carta de crédito para Contrater Consulting y que previamente se había bajado el precio del contrato, que nunca se llegó a realizar.

Rívolo había pedido revisar este contrato y no descartaba que pudieran haber nuevas citaciones en esta causa e incluso se hablaba de un posible llamado en la causa al exministro Dromi, ya que se sospecha que compró el contrato entre la empresa española y la estatal a través de sus firmas, Dysan y Diligentia.

El fiscal solicitó a principios de año que se incorporen a la causa toda la documentación y extractos bancarios referentes a los pagos realizados por Enarsa a Contrater Consulting y también las relacionadas con la compra de este contrato realizada por el exministro menemista.