El Gobierno oficializó, a través de la publicación en el Boletín Oficial de dos decretos, su antídoto para intentar contrarrestar los efectos políticos del Correo-Gate y del caso Avianca que pusieron de relieve conflictos de interés y arrastraron al Gobierno a ser objeto de críticas por parte de la oposición. Tal como había adelantado Ámbito Financiero el pasado 2 de marzo, la promesa del presidente Mauricio Macri se tradujo en dos disposiciones que apuntaron a centralizar los procesos judiciales que puedan resultar conflictivos en la Procuración Nacional del Tesoro, y en una suerte de "blanqueo" de relaciones entre las empresas (laboral, accionaria o de parentezco) con algún miembro del Gobierno. El problema central es que todo el proceso quedará bajo la órbita de la Oficina Anticorrupción (OA) que dirige Laura Alonso, que procesará los formularios que las firmas deberán completar. Además, el segundo decreto reglamenta las contrataciones públicas y ofrece un protocolo a seguir en caso de posible conflictos de interés.
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El Decreto 201/2017, firmado por Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia Germán Garavano establece que "a los fines de proveer a la adecuada defensa del Estado Nacional en procesos judiciales o extrajudiciales y de dar acabado cumplimiento a las reglas sobre ética republicana, resulta necesario establecer un procedimiento especial para los casos en que pudiera existir un conflicto de interés o vinculación entre una de las partes y las máximas autoridades del Poder Ejecutivo que suscite dudas sobre la debida gestión de los intereses del Estado".
La disposición que fue demorada veinte días apunta a cualquier vinculación entre el Presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, ministro o autoridad de cualquier rango de acuerdo a "parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad"; sociedad o comunidad; pleito pendiente (un juicio); ser deudor o acreedor; haber recibido beneficios "de importancia" (no define cómo cuantificar el concepto); y por amistad pública que "se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato".
Antes de avanzar en cualquier pleito, la Procuración comandada por Carlos Balbín deberá comunicar a la Oficina Anticorrupción, la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración del Congreso, cuál será su movimiento en un eventual proceso judicial en el que estén en juego los intereses del Estado. "El Presidente de la Nación y las demás autoridades alcanzadas por el presente régimen, se abstendrán de tomar cualquier tipo de intervención en los casos previstos", remarcó el decreto que, presumiblemente, sea considerado insuficiente.
El segundo decreto también establece los mismos parámetros para identificar una "relación" entre un miembro del Ejecutivo y una firma, pero enfocado en las contrataciones y en proveedores del Estado. Afirma que las personas (físicas o jurídicas) deberán completar un formulario cuando se inscriban en la nómina con el detalle de la "relación" existente, "aunque estos (funcionarios) no tuvieran competencia para decidir sobre la contratación o acto de que se trata". Se la denominó "Declaración Jurada de Intereses" y su admisibilidad será analizada por la oficina de Alonso y por la Sindicatura.
En 60, Alonso se encargará del diseño operativo de las disposiciones con las que el Gobierno apunta a dejar atrás los cuestionamientos, con libertad para establecer la letra fina de su implementación.
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