Corregirán ley penal empresaria y se busca agilizar los procesos

Edición Impresa

Ausencia de parámetros en el status procesal de las empresas, impide que se utilice nuevo régimen. Analizan inclusión de delitos en el blanqueo de capitales. Poder Judicial insiste en crear más juzgados en lo penal económico.

El Gobierno planea introducir correcciones a la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria que rige la acusación penal contra personas jurídicas, y a la vez, desde la Justicia, intentarán agilizar los procedimientos para poder arribar a condenas con mayor velocidad. La necesidad de imprimir cambios a la flamante legislación por "lagunas" en su redacción original fue una de las conclusiones a las que se arribó en el marco del II Congreso Internacional de Derecho Penal Económico y de la Empresa, que se llevó a cabo en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El principal problema detectado fue que el status procesal que hoy rige sobre las corporaciones no puede ser homologado al de las personas físicas, y está hoy indeterminado. Esto redunda en que no haya avances contra empresas acusadas de haber infringido la ley en casos como coimas, tráfico de influencias, falsificación de balances y como contracara del posible enriquecimiento ilícito de funcionarios. La duda es si también puedan incluir blanqueo de capitales como posible delito por el que puedan ser punibles.

Especialistas de diversas áreas que se dieron cita para iniciar el debate también señalaron que existe superposición de normas, y desde el Poder Judicial se insistió en un reclamo para que se habiliten más juzgados en lo penal económico y se priorice la exclusividad en los expedientes complejos o "megacausas". El presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, Miguel Abel Souto, con aval del Ministerio de Justicia que envió representantes, la Oficina Anticorrupción y la Procuraduría Antilavado que conduce Gabriel Pérez Barberá fueron algunos de los panelistas de la jornada en donde se realizó un análisis pormenorizado de la situación actual en la Argentina del régimen penal para empresas. También participaron desde la UIF, el sector empresarial de la construcción con Carlos Weiss, el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina, Claudio Cesario y el Colegio de Abogados de la Ciudad

En diálogo con Ámbito Financiero, Abel Souto destacó que entre los principales defectos advertidos, "no solo se encuentra la problemática del status procesal para las empresas: también posibles delitos no incluidos en la nómina de la Ley N° 27.401 como el blanqueo de capitales". Pese a que ya existe una ley aprobada en diciembre pasado, se admitieron defectos (de apuro) en su redacción. El artículo 11 señala que "La persona jurídica tendrá los derechos y las obligaciones previstos para el imputado de acuerdo a lo establecido en los códigos de procedimiento, en cuanto le sean aplicables". El problema es que no es lo mismo un procesamiento a una persona física que puede, por ejemplo, no ser obligada a declarar contra sí misma, que las garantías que enmarcan el proceso para una empresa. Souto señaló a este diario que "nada se dice en la ley sobre la sanción si las firman no poseen o aplican programas de prevención". En el fondo se reclamó un cambio cultural a la clase empresarial ante inminentes cambios en el enfoque de persecución penal, con la corrupción en la mira. En la cartera de Justicia se comprometieron a llevar los cambios al Congreso.

El vicepresidente de la Asociación, Rafael Berruezo subrayó a este diario la necesidad de ampliar la cantidad de juzgados y de incorporar contadores al personal para llevar adelante causas complejas. Lo mismo que las provincias incorporen a sus códigos de procedimientos los parámetros para juzgar a personas jurídicas. Hoy ninguna lo modificó para incluir los alcances de la ley sancionada en diciembre. El juez penal económico, Gustavo Meirovich uno de los vocales de la flamante agrupación- se refirió a lo voluminoso y complejo de los expedientes que avanzan en ese fuero donde precisan "protocolos de actuación" y capacitación de personal. Allí avanzan expedientes que involucran a decenas de personas por maniobras defraudatorias, incluidas empresas. Arrancaron a la cartera de Justicia la promesa de sumar estadísticas y de modernizar la forma de investigación con condiciones materiales adecuadas. "Se tiene que pensar en tribunales o jueces que puedan dedicarse con exclusividad a causas donde se combate la criminalidad organizada. Eso el poder político lo tiene que resolver: hoy un juez se tiene que encargar desde una clausura de un local por falta de emisión de tickets y a la vez de las megacausas", señaló entre las problemáticas.

Ante este escenario, hay expectativa en cómo quedará redactado el capítulo del anteproyecto de Código Penal que está ultimando la comisión conducida por el camarista Mariano Borinsky. El Director de Política Criminal, Carlos González Guerra adelantó que el nuevo Código prevé "utilizar un sistema de penas en días multa para que las sanciones se actualicen en forma permanente con un coeficiente que se equipara a un día multa, como por ejemplo el 10% de la queja ante la Corte Suprema; y un régimen preciso de atenuantes y agravantes". Desde todos los sectores coincidieron en la necesidad de iniciar un combate "de manera racional" de la criminalidad económica y que también esto implica la "auto regulación" de las prácticas internas. Obviamente el caso Odebrecht y su impacto en la región atravesaron el coloquio.

Dejá tu comentario